La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron el pasado año a 46 personas en Galicia por delitos de robo de cobre y recuperaron 70,3 toneladas de este material, según los datos divulgados ayer por el Ministerio del Interior. El pasado año las fuerzas de seguridad tuvieron constancia de 269 infracciones penales de este tipo en Galicia de las que han esclarecido 29.
Durante 2015, además, el número inspecciones en centros de reciclaje y chatarrerías llegó a 94 en la Comunidad Autónoma.
En el conjunto de España fueron detenidas 1.024 personas y llegaron a recuperar más de 2.500 toneladas de cobre, a la vez que se intensificaron los controles en centros de reciclaje y chatarrerías, con 5.239 operaciones. El Ministerio del Interior hizo ayer balance de la persecución de este delito durante el pasado año, cuando las fuerzas de seguridad conocieron un total de 5.388 infracciones penales relacionadas con el cobre, de las que se esclarecieron 510.
Mientras, en 2014 se produjeron 2.308 detenciones y se recuperaron 529 toneladas de cobre y cerca de 3.700 kilómetros de este metal sustraído. Entre 2011 y 2014, según Interior, los arrestos alcanzaron la cifra de 11.442, el cobre recuperado la de 2.600 toneladas y los kilómetros de hilo la de 17.300.
Por comunidades autónomas, y solo con datos referidos al pasado año, fue Andalucía la que registró más hechos delictivos y esclarecidos, sobre todo la provincia de Sevilla. Entre las operaciones más importantes contra el robo de cobre Interior resalta la denominada Pivot, con 16 detenidos por delitos en la comarca de Tomelloso (Ciudad Real) y la recuperación de 1,5 toneladas.
Las fuerzas de seguridad arrestaron en la operación Timu a catorce personas en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por robos en infraestructuras del AVE, subestaciones eléctricas e instalaciones fotovoltaicas que dejaron inutilizados sistemas de seguridad de Adif y Renfe en las vías.
En julio del año pasado la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha un plan de respuesta a estos delitos con carácter permanente y de aplicación en todo el territorio nacional, lo que ha permitido intensificar las medidas de seguridad en todas las etapas del ciclo de vida del cobre, desde su fabricación hasta el final de su utilidad.
