Libres los 13 detenidos por un fraude de 3 millones a la Seguridad Social

Se les imputan los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra el derecho de los trabajadores, insolvencia punible y asociación ilícita

21.04.2016 | 19:37

Los trece detenidos en relación con un fraude a la Seguridad Social por un importe cercano a los 3 millones de euros han quedado en libertad, seis de ellos con cargos tras pasar a disposición de la juez de guardia, que ha decretado como medida cautelar comparecencias semanales en los juzgados.

Se les imputan los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra el derecho de los trabajadores, insolvencia punible y asociación ilícita. Los siete detenidos restantes quedaron libres en sede policial, informaron fuentes jurídicas.

Entre los seis que comparecieron hoy en sede judicial figuran los dos supuestos cabecillas de la trama y la esposa de uno de ellos. Todos declararon menos una mujer.

El grupo familiar responsable de 100 empresas que presuntamente defraudó casi 3 millones de euros a la Seguridad Social, y que fue desarticulado en Vigo por agentes de la Policía Nacional, realizó un movimiento total de 3.500 trabajadores para evitar pagar sus cuotas.

El inicio de la investigación se remonta a finales de 2014, cuando la Policía recibió una información sobre posibles irregularidades en la gestión de varios establecimientos de hostelería ubicados en la localidad de Vigo.

Al parecer, la denunciante había detectado un error en su periodo de cotización durante el tiempo que había trabajado como camarera para estos establecimientos.

Se comprobó con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Pontevedra que varias empresas ubicadas en las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra estaban siendo inspeccionadas, por lo que se iniciaron las pesquisas para comprobar la posible existencia de un fraude.

Las investigaciones revelaron que la deuda contraída con la Seguridad Social por las compañías de esta organización superaba los 2,7 millones de euros.

Aunque la mayor parte de las empresas del grupo se correspondían con el ámbito de la hostelería, también contaban con compañías de seguridad, construcción y un taller mecánico.

Su modo de proceder consistía en crear distintas empresas en las que daban de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores, aunque desde el inicio de la relación laboral no pagaban las correspondientes cuotas sociales.

Al no cumplir con el pago, se generaba un volumen considerable de deuda, y era entonces cuando procedían a dar de baja a los empleados para al día siguiente registrar de nuevo su alta en una nueva mercantil con el fin de evitar el abono del dinero.

Además, y para eludir el seguimiento del fraude, llegaban a utilizar la misma empresa para dar de alta a los trabajadores en distintas provincias.

Un total de 64 mercantiles de las 100 creadas para este fin sí figuraban dadas de alta en la Seguridad Social y habían realizado un movimiento total de trabajadores que alcanzó a 3.500 personas.

Del resto de las sociedades implicadas, 36 no figuran dadas de alta y 16 eran utilizadas para facturar importantes cantidades de dinero con el fin de obstaculizar las labores de inspección.

También contaban con una empresa "nexo" de todas las demás, que contaba con autorización RED de la Seguridad Social y que era gestora del resto, la encargada de facturar a un número importante de empresas de la organización.

Avanzadas las investigaciones, y tras tomar declaración a alrededor de 100 trabajadores, la Policía tuvo conocimiento de que los implicados no comunicaban a estos empleados las altas y las bajas que registraban en sus diferentes empresas.

Cuando les mostraban un nuevo contrato en el que figuraban asegurados en otra sociedad, les amenazaban con no entregarles el cheque de salario si no firmaban.

Asimismo, la plantilla ha atestiguado que los empleados llegaban a trabajar, sin remuneración por las horas extra, en torno a las 60 horas semanales, aunque en su contrato solo figuraba la media jornada.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social UDEF Central perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial y la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación de la UCRIF de la Comisaría de Vigo, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.

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