El pasado 26 de agosto se cumplía un año de la muerte del batería del desaparecido grupo Los Piratas, Javier Fernández. El músico, al que sus amigos conocían como Hal 9000 y que ese día estaba aquejado por un brote agudo derivado de la enfermedad psiquiátrica que sufría, fallecía en su casa de Guláns (Ponteareas) como consecuencia de un disparo en el abdomen realizado por un guardia civil que alegó que usó su arma porque su compañero corría peligro. Estos hechos derivaron en la apertura de una causa en el Juzgado de Instrucción 2 de Ponteareas. Y ya finalizada esa investigación judicial, la magistrada, en el auto en el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, concluye que existen indicios de criminalidad con respecto al agente, al que atribuye la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia grave, confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Tras este paso, dio traslado a las acusaciones, que ya han comenzado a presentar sus escritos. La Fiscalía, frente al criterio de la instructora, insta el sobreseimiento al estimar que el proceder del agente está amparado, entre otras razones, en la legítima defensa. Algo que no comparten las acusaciones particulares, que interesan la apertura de juicio oral. Gerardo Gayoso, abogado que representa a la viuda y al hijo menor de edad del músico, solicita 4 años de cárcel para el guardia civil. Y está pendiente la calificación de la otra acusación, que ejercen los padres del fallecido.

Tras aquel trágico suceso del 26 de agosto de 2015, arrancaba una investigación en la que, en ese septiembre, declaraba el guardia civil que realizó el disparo. El agente alegó que utilizó el arma apuntando a la pierna, aunque finalmente la bala impactó en el abdomen.