El drama de los ausentes sume en el dolor a miles de familias españolas. Y es que en la actualidad en toda España hay activos un total de 4.164 casos de personas desaparecidas. En Galicia -con asuntos tan mediáticos como el de la joven Diana Quer, a la que se perdió la pista el pasado verano en A Pobra do Caramiñal o el de la pontevedresa Sonia Iglesias de la que no se sabe nada desde 2010- son 128 las denuncias que permanecen abiertas, de las cuales 17 tienen la catalogación policial de alto riesgo.

Y precisamente, la gallega se sitúa entre las comunidades con un mayor número de casos de los considerados alarmantes: es la cuarta, únicamente superada por Cataluña, Andalucía y Canarias. Por provincias, la de A Coruña es la que tiene más desapariciones activas -54-, pero es la pontevedresa la que suma más de las consideradas inquietantes: seis casos de un total de 29 en investigación.

Estos datos son algunas de las conclusiones de la primera radiografía de personas desaparecidas en España, un informe que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó a los medios de comunicación después de trasladarlo a las asociaciones de búsqueda de desaparecidos SOS Desaparecidos, Inter SOS, QSD Global y Fundación Anar. Algunos de los datos destacados de este estudio son que desde 2010 se presentaron 121.118 denuncias, de las que están activas un total de 4.164 búsquedas, al quedar sin efecto el resto.

"Nos vamos a dejar la piel en el empeño para buscar a las personas desaparecidas", afirmó el ministro Juan Ignacio Zoido, que anunció que en los próximos meses se pondrá en marcha el denominado Centro Nacional de Desaparecidos, que se encargará del control y gestión las bases de datos de desaparecidos y restos humanos sin identificar.

En Galicia la desaparición que alcanzó más eco mediático en 2016 fue sin duda la de Diana Quer, una ausencia que casi siete meses después sigue plagada de interrogantes. Pero en este comunidad hay muchos más casos de personas a las que se les perdió la pista y de las que nunca se volvió a saber, más allá de sospechas de lo que pudo ocurrir. Es el caso de la pareja viguesa formada por Francisco Fernández Golpe y María Victoria Méndez Caride, desaparecidos en 2004; o el de María José Arcos, a la que se perdió la pista en 1996 y cuyo coche apareció en Corrubedo.

¿Cuál es el análisis que se hace de esas más de 4.100 denuncias activas en España? La mayoría corresponden a hombres -casi el 75%- y con respecto a la nacionalidad también prácticamente un 75% se refieren personas originarias de España, frente a los restantes casos que corresponden a extranjeros. El sector de edad de 36 a 50 años es el que registra un mayor número de casos, seguido de los mayores de 65 años, con el 27,10% de los casos. La mayoría son casos de riesgo limitado, cuantificándose los casos de alto riesgo en un total de 214, junto a otros 45 en los que está pendiente de ratificarse esta peligrosidad.

En torno a las desapariciones de menores, unas de las que más alarmas suscitan, el informe arroja que dos terceras partes de las denuncias se refieren a niños o adolescentes que no alcanzaron la mayoría de edad. Sin embargo, el ministro matizó ayer que sólo un 9,35% de los casos se consideran alarmantes. El resto de denuncias se explican por fugas de centros de menores -gran parte de ellas- o por problemas familiares de custodia. Frente a estos casos que se suelen resolver rápido, los considerados de riesgo llevan años sin resolverse, como el del niño canario Yéremi Vargas.