Estoy convencido de que cualquier persona que se encuentre en un estado normal para analizar unos datos con objetividad, tiene que darse cuenta que las cifras referidas al desempleo, referidas al mes de mayo, han de ser consideradas como positivas. No tanto por la calidad de los puestos de trabajo creados, demasiada precariedad y temporalidad de los mismos, si no por el dato en su conjunto, porque en cualquier caso significa que el paro disminuyó en España hasta alcanzar una cifra tan desconocida para nosotros desde hace varios años, de situarse por debajo de los cuatro millones de desempleados.

Considero importante resaltar, según los datos del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), del mes de mayo, que el paro descendió en todas las comunidades autónomas, y que el empleo creados en ese mes ha ido creciendo año tras año, de tal suerte que si en mayo del año 2013 se redujo el número de desempleados en cien mil, en el mismo mes del 2016, se redujo en ciento veinte mil. En cualquier caso, los 220.464 parados que tenemos en Galicia debe seguir siendo un dato muy preocupante para nuestros representantes políticos.

El mismo día que se hacían público los datos del SEPE, se publicaba también el informe realizado por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) en el que se ponía de relieve la situación de pobreza crónica de nuestro país, en el que hay un millón de menores amenazando a tres millones más, que viven la situación de pobreza en la que están inmersos, con vergüenza, en silencio y con tristeza.

Una de las conclusiones más llamativas del informe, es la que se refiere a la existencia en España de dos velocidades para pretender salir de esa situación de pobreza. La España del Norte o la España del Sur, la España de determinadas comunidades autónomas, así, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían en peor situación ante una eventual salida de la crisis, que Cantabria, País Vasco, La Rioja y Aragón. Un dato que podríamos calificar de alarmante referido en el informe es el de que los ingresos de los hogares españoles, comparado con el año 2009 han caído en un diez por ciento. Así como el aumento anual medio de la pobreza, ha sido del nueve por ciento, alcanzando la cifra del 15% el número de trabajadores pobres, es decir, una de cada seis personas que trabajan en España son pobres. Ante esa situación, Cáritas propone que las "fuerzas políticas de nuestro país destinen 10.000 millones de euros para establecer una renta garantizada con el objetivo de proteger a los hogares en situación de pobreza severa; proteger a los trabajadores pobres y protección para las familias con hijos a cargo.

En definitiva, el objetivo básico pasa por alcanzar unos "mínimos vitales" irrenunciables, que deben estar garantizados por el Estado para toda la población.

Para alcanzar ese objetivo es necesario: 1º. Modificación del artículo 135 de la Constitución garantizando esos mínimos vitales. 2º. Reordenar el conjunto de las prestaciones no contributivas, garantizando un verdadero sistema de ingresos mínimos para aquellas personas que lo necesiten. 3º. Una política fiscal progresiva que grave más a quien más tiene.

Está claro que este conjunto de medidas no las pueden acometer todos los partidos políticos que concurren a las elecciones del 26 de junio.

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