Una sentencia autoriza la demolición del antiguo edificio Citroën en A Gaiteira

Los propietarios del antiguo edificio Citroën de la avenida de Oza podrán demolerlo, ya que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 admitió el recurso que presentaron contra la desestimación por el Concello de la licencia que habían solicitado al haberse iniciado el procedimiento para incluirlo en el catálogo de edificios protegidos. La sentencia, que será recurrida por el Gobierno local, detalla que el Concello inició ese proceso en diciembre de 2016, cuatro meses después que la licencia tuviera que considerarse concedida por silencio administrativo.

La jueza reconoce que el inmueble merece protección, como señalan los informes técnicos expuestos por el Concello, pero que no es posible denegar la licencia con carácter retroactivo. El edificio, construido en 1966 bajo la dirección de Andrés Fernández-Albalat, contaba con protección estructural en el anterior plan general de la ciudad, pero tras el cierre del concesionario en 2012, los propietarios solicitaron que se le retirara.

El redactor del nuevo plan urbanístico, Joan Busquets, rechazó esa posibilidad, que sí fue aceptada por el Gobierno local del PP en la aprobación definitiva del documento en 2013. Los dueños pidieron en 2012 una primera licencia de derribo que se concedió en septiembre de 2013, aunque fue declarada caducada en mayo de 2016.

La asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros solicitó en octubre de 2015 que se devolviese la protección al inmueble, pero seis días después de que caducara la licencia de demolición los propietarios solicitaron otra. Aunque el Concello elaboró informes sobre la protección del edificio durante 2016, cuando finalmente se aprobó la suspensión de licencias para su inclusión en el catálogo, la licencia de derribo ya llevaba cuatro meses aprobada de acuerdo con la legislación, puesto que contaba con informes municipales favorables en los que no se hacía ninguna mención a las gestiones que también se efectuaban para que fuese protegido, lo que lleva a la jueza a afirmar que el Concello que "parece pretender proteger y demoler simultáneamente el edificio”.

Ante la negativa del Gobierno local a considerar concedida la licencia, los dueños presentaron un recurso en noviembre de 2017 que el juzgado admite porque estima que el Concello “ahora pretende apartarse de lo manifestado” e impide “de manera indebida e ilegítima que sus mandantes ejerciten sus legítimos derechos respecto al edificio de su propiedad”.

Durante el juicio, el Concello admitió que la licencia de demolición estaba concedida de forma correcta, pero argumentó que la suspensión de licencias aprobada posteriormente la invalidaba, aunque la jueza manifiesta que esa orden no puede aplicarse a actuaciones ocurridas anteriormente.