Solo Bergondo está adherido a la Axencia da Legalidade en la comarca coruñesa

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) es un órgano de la Xunta que tiene como objetivo mejorar la calidad de la ordenación urbanística gallega. La propia agencia exhibe seis ventajas por las que un ayuntamiento debería adherirse a ella. Sin embargo, solo 78 concellos de Galicia lo han hecho, y dentro de la comarca coruñesa, tan solo Bergondo se ha sumado, y muy recientemente: en febrero de este año 2019.

Dentro del segundo cinturón del área metropolitana existen otros tres municipios que se integraron en la APLU hace tiempo. El primero fue, en julio de 2011, Miño, el concello donde se ejecutó la macrourbanización de Perbes-Vilanova que promovió Fadesa y donde se vivió un boom de la construcción con la ejecución de pequeñas urbanizaciones de chalés en las cercanías de las playas.

En enero de 2015 Cerceda firmó convenio con la Axencia da Legalidade y en abril de 2017 lo hizo el municipio de Coirós.

Sumarse a la APLU supone que este organismo asume la competencia del Concello en materia de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad, algo que deben hacer los ayuntamientos, pero lo más destacado es que sumarse supone que la Axencia da Legalidade ceda el 10% del cobro de las multas coercitivas y las sanciones que impone a los infractores, a las Administraciones locales. Es decir, la APLU se encarga y costea por su cuenta los medios técnicos y humanos necesarios para reponer la legalidad, sin costes para el concello.

La agencia además facilita técnicos a las Corporaciones locales para asesorarles, también sin contraprestación, según asegura este órgano. Adherirse es fácil: hay que aprobarlo en pleno, luego la APLU tramita esta petición, se firma el convenio y se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) y ya entra en vigor.

La APLU cada año aprueba un calendario de inspección urbanística, dando prioridad a los concellos costeros, a las zonas con espacios protegidos y por donde pasen rutas de los Camiños de Santiago. Pero también son prioritarias las obras en los concellos adheridos. Es decir, si un concello se suma a la APLU supone que ésta lo va a inspeccionar especialmente.

En 2018 la Axencia de Protección da Legalidade demolió quince construcciones en la comarca coruñesa y brigantina, con especial incidencia en Cambre, con cuatro edificaciones derribadas.

En lo que va de este año 2019 la APLU ha informado de dos demoliciones (pendiente de actualizar los datos): una casa de dos plantas con estructura de ladrillo y tejado en Pontecela (Cambre), por estar en suelo especialmente protegido; y una estructura de cubierta y pilares en Loureiros, en la parroquia de Brabio en Betanzos, por denuncia del propio Concello.