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Anuario 2020 | El urbanismo coruñés, ante la encrucijada del cambio

Los vientos de renovación llegados con la nueva ordenación prevista para el borde de la ría y O Portiño contrastan con la vía libre al proyecto de As Percebeiras

Anuario 2020 | El urbanismo coruñés, ante la encrucijada del cambio

¿Hacia dónde camina el urbanismo en A Coruña? Si se atiende a decisiones como la remodelación de todo el frente marítimo de la ría de

O Burgo para rebajar la edificabilidad que permite el plan general o la promesa de revisión de los criterios que inspiran el polígono de O Portiño, parece que el Gobierno local socialista apuesta hacia una política urbanística basada en una menor presencia del ladrillo y en la defensa de la naturaleza. A esta impresión también contribuye el proyecto diseñado por el Concello para la remodelación de los Cantones, que pasarían a ser un área casi exclusivamente peatonal.

Frente a estas iniciativas, anunciadas o puestas ya en marcha por el Ejecutivo municipal a lo largo de este año, se encuentra la de la reactivación del proyecto urbanístico de

As Percebeiras, que resucita una actuación cuyos orígenes se remontan al comienzo de este siglo y que cuenta con la oposición de los dos soportes del PSOE en la Corporación, Marea Atlántica y BNG, así como del movimiento vecinal. La construcción de 371 viviendas al borde del mar y ocultando en gran parte la visión de la Torre de Hércules desde Labañou se convirtió este año en uno de los caballos de batalla urbanísticos, ya que la aprobación inicial del proyecto por la Junta de Gobierno Local fue seguida por la decisión de la Xunta de someterlo a una evaluación ambiental simplificada, en lugar de ordinaria como solicitaban quienes se oponen al diseño planteado.

As Percebeiras figura en el plan general aprobado en 2013, pero también los polígonos situados en la ribera de la ría cuya posibilidad de desarrollo queda ahora anulada con la revisión urbanística que llevará a cabo el Gobierno local. Quienes rechazan el proyecto de

As Percebeiras argumentan que también puede tomarse allí la medida adoptada en la ría, aunque el Ejecutivo socialista asegura que las situaciones son distintas.

La puesta en marcha del denominado Plan Especial de Labañou reavivó las alusiones a las consecuencias del urbanismo aplicado en el largo mandato de Francisco Vázquez, algunas de las cuales llegaron hasta este mismo año, ya que el Concello acordó pagar 888.000 euros a los propietarios de viviendas y locales del antiguo edificio de Fenosa por los daños morales causados por la disputa legal sobre el derribo del inmueble desde el año 1997. A esto se suman los 2,97 millones abonados al autor de la demanda y el coste del edificio de viviendas sociales que el Concello construirá en Xuxán.

También este año las arcas municipales tuvieron que afrontar otra indemnización causada por una gestión urbanística de la época vazquista, ya que los expropiados entre 2002 y 2005 para ampliar el castro de Elviña recibieron los 12 millones con los que se incrementó el valor de las fincas que les fueron adquiridas en aquel momento gracias a una sentencia judicial.

El Puerto cambia de presidente en un momento decisivo para su futuro

Con una deuda de 300 millones de euros que puede congestionar su economía en los próximos años y con una indefinición del Gobierno central acerca de la construcción del enlace ferroviario del puerto exterior, la Autoridad Portuaria coruñesa inició el pasado día 11 una nueva etapa con la llegada a su presidencia de Martín Fernández Prado. La resolución de ambas problemas serán los principales retos de su mandato, ya que el Puerto debe afrontar el próximo año el inicio de los pagos del crédito de 200 millones suscrito con Puertos del Estado y la falta de una línea de tren a punta Langosteira dificulta la obtención de nuevos tráficos que sustituyan a los perdidos recientemente, como el carbón.

Fernández Prado, que tiene a sus espaldas una larga gestión política, tendrá que lidiar además con las administraciones implicadas en la gestión de los muelles urbanos para alcanzar un acuerdo sobre su futuro, de cara a su integración en la ciudad y evitando, además, que tengan que ser vendidos para costear la deuda, una amenaza todavía no despejada de forma definitiva.

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