Los ‘nueve de Cornide’ defienden una “acción pacífica” y los Franco les acusan de coacción

Los nueve activistas del BNG que protagonizaron una acción simbólica sobre el balcón de la casa Cornide el 26 de septiembre de 2017 defendieron ayer en el juicio que se trató de una reivindicación “pacífica” con el objetivo de reclamar a los Franco la propiedad del edificio. Los conocidos como nueve de Cornide, denunciados por la familia Franco y acusados de un delito leve de coacciones, declararon que no estaba entre sus intenciones acceder al interior del inmueble, sino escenificar la protesta en el exterior de la vivienda y “dar a conocer el expolio” del que, aseguran, ha sido objeto la propiedad.

El abogado de la acusación particular enmarcó la acción dentro del delito de coacciones, orientada, a su ver, a “provocar y coaccionar” a los propietarios para que renuncien a la vivienda debido a la “trascendencia” mediática que el colectivo denunciado buscó otorgar a su reivindicación. La vista, que se celebró en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial de A Coruña, estuvo precedida por una concentración en apoyo a los militantes del BNG acusados, que contó con alrededor de 50 participantes que desplegaron pancartas con lemas como Que nos devolvan o roubado.

A la convocatoria asistieron algunos cargos del partido como el diputado provincial Xurxo Couto y la diputada en el Parlamento Galego Mercedes Queixas. “Estamos viendo un mundo al revés. Tenemos una familia que está enriquecida con patrimonio que llegó a sus manos privadas procedente del patrimonio público, por medios absolutamente espurios, ultrajando la dignidad de las personas”, alegó Queixas, que atendió a los medios antes del inicio de la vista.

La portavoz de los activistas, Elvira Branco, aseguró que el colectivo está “orgulloso” de la acción realizada, que tenía el objetivo el de “llamar la atención sobre la casa Cornide para que se supiese que en Galicia hay más inmuebles robados por los Franco”, además de Meirás. Los nueve participantes, que declinaron responder a las preguntas de la acusación particular, manifestaron que accedieron al balcón del edificio a través de una escalera que, según afirmaron, no saben quién colocó, y que descendieron del inmueble “cuando apareció, de nuevo, la escalera”. El encargado del mantenimiento de la vivienda, que reside en la misma con su familia, declaró en calidad de testigo que el día de los hechos se topó con los activistas sobre el balcón “y mucha gente en la calle” alrededor de las 11.00 horas, tras lo que llamó “muy nervioso” a sus jefes para informar de la situación. El trabajador aseguró que los denunciados permanecieron en el balcón “unas horas más” tras el requerimiento por parte de la policía de que bajasen del edificio.

Los dos agentes de la Policía Nacional que presenciaron el suceso declararon que los implicados no presentaban una actitud agresiva. Uno de los agentes afirmó que habló por teléfono con Cristóbal Martínez Bordiú para preguntar si los activistas podían descender de la vivienda por el interior “por seguridad”, algo a lo que el propietario se negó. Según los agentes, los activistas abandonaron el balcón a las 13.20 horas ayudados de una escalera, alrededor de una hora después de ser requeridos por los agentes al respecto.