El Concello prevé compensar a la concesionaria de la perrera con 147.000 euros por no sacrificar animales desde 2018

La Junta de Gobierno Local aprobará hoy remitir al Consello Consultivo de Galicia que analice la legalidad del pago por el Concello de 147.000 euros a la empresa Servigal, concesionaria de la perrera municipal, por el desequilibrio económico que sufrió desde 2018 a 2021 al tener que aplicar la Ley de Protección y Bienestar Animal de 2017. Esa norma impide cobrar por las adopciones de mascotas como hacía hasta entonces la empresa y prohíbe sacrificar a las que sobrepasan la capacidad de las instalaciones, por lo que la empresa tiene que afrontar el aumento de costes de mantenimiento de esos animales.

Servigal presentó en febrero de 2022 una reclamación de desequilibrio de la concesión, que presta desde 2005 y que caducó hace tres años, por lo que desde entonces la actividad se desarrolla en precario. El Concello convocó a finales del año pasado el concurso para licitar de nuevo el servicio, que está a punto de ser adjudicado.

La cantidad que exigía la compañía para resarcirse era de 299.833 euros, pero la Asesoría Jurídica Municipal consideró que la información facilitada no tenía “una mínima garantía de veracidad, integridad y fiabilidad”, por lo que el Gobierno local encargó a la auditora Deloitte que comprobara si la reclamación se ajustaba a los gastos realmente soportados por Servigal.

Inspección

Tras inspeccionar la perrera municipal, entrevistar al personal y revisar su documentación económica, la consultora determinó que la imposibilidad de cobrar 55,75 euros por cada animal adoptado que no precise de microchip ni vacuna supuso para la concesionaria la pérdida de 7.066 euros durante los cuatro años.

La prohibición de sacrificar animales hizo que Servigal dispusiera de menos espacio y, por lo tanto, de menos posibilidad de cobrar tasas por su entrega a particulares, mayores gastos de aprovisionamientos y de personal, por lo que cuantifica el perjuicio económico sufrido en 139.944 euros.

El Ayuntamiento considera que la empresa sufrió un riesgo imprevisible que no figuraba en el contrato con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, por lo que acepta compensarla, aunque tendrá que someter esta decisión al análisis del Consello Consultivo de Galicia.