La Policía Nacional sigue tomando declaración al personal del Arzobispado de Santiago y analizando tanto las grabaciones de la cámara de la catedral como las posibles evidencias físicas en sus instalaciones y lograr alguna pista sobre el paradero del Códice Calixtino.
Fuentes eclesiásticas y policiales confirman que once días después de que el Liber Sancti Iacobi desapareciese de la cámara de seguridad del Archivo catedralicio en que estaba guardado el miembros de la Policía Científica continúan a la búsqueda de rastros de ADN.
Aunque fuentes de la investigación confían en "acotar" las pesquisas a finales de esta semana, la tarea es complicada ante el volumen de personas que circula diariamente cerca del Archivo, donde existen cámaras de seguridad, aunque ninguna de ellas se encuentra apuntando a la entrada de la citada cámara de seguridad.
Las conversaciones con el personal prosiguen para tratar de "filtrar" las grabaciones, en las que aparecen cientos de personas con mochilas y en las estancias cercanas al lugar de la desaparición. "Está resultando muy complicado", admiten desde la Jefatura Superior de Policía de Galicia.
Debido al tamaño del libro, que data del siglo XII, los bultos sospechosos se multiplican entre las personas que aparecen entre las imágenes grabadas. A pesar de ello, la Policía continúa con su presencia a pie de calle en la capital de Galicia.
En la operación para localizar la pieza, que se echó en falta el martes de la semana pasada y cuya desaparición se denunció un día después y que el propio deán calificó de "robo y atentado", trabajan una docena de agentes especializados procedentes de la Brigada Central de Patrimonio Histórico de Madrid.
El BNG abrió ayer la espita política del caso exigiendo responsabilidades por la desaparición de una pieza catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima protección jurídica que pueda tener y que la equipara, en este terreno, con un hórreo centenario, a pesar de que el Códice data del siglo XII.
Los nacionalistas exigen el cese inmediato del director xeral de Patrimonio de la Xunta, José Manuel Rey Pichel, "por no haber cumplido con sus obligaciones legales" de velar por la seguridad de la obra, así como abrir un expediente sancionador a la Iglesia como responsable de los controles y garantías de conservación, así como una sanción "muy grave" que podría ascender a más de 150.000 euros.
El portavoz nacional del Bloque, Guillerme Vázquez, cuestionó las medidas de seguridad del Arzobispado de Santiago e insinuó que "parece que era poner en bandeja hacer este robo" e ironizó con que esta tarea "estaba encomendada al mismísimo apóstol Santiago en espera de un milagro".
Por su parte, la diputada Ana Pontón, argumentó que la entidad de la pieza obliga al Gobierno gallego a haberse involucrado en su custodia, pues la ley de patrimonio cultural establece que los poderes públicos "deben garantizar la protección, conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural de Galicia". "La Xunta se limita a lamentarse y nunca está, no toma ninguna medida y no asume ninguna responsabilidad", arremetió.
