Ni con un escenario de incremento paulatino del negocio, el préstamo público de 1.162 millones de euros amortizado y el fin de las duplicidades en oficinas y plantilla, Novacaixagalicia contaba con llegar dentro de cinco años al nuevo mínimo de solvencia que el Gobierno ha decidido imponer para este mismo 2011 con el objetivo de cerrar el nuevo mapa del sector de una vez por todas y aplacar las dudas sobre su fortaleza en los mercados. El revolucionario "plan de aceleración" está ya sobre la mesa, con la exigencia de que las entidades tengan un mínimo de recursos propios de calidad, el core capital, por encima de un 8% sobre todos sus activos. Y para conseguirlo deberán abrirse a fondos privados porque, de lo contrario, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) las nacionalizará. Aunque la fusión gallega evita de momento radiografiar su situación ante los cambios, una primera estimación de sus necesidades desde el propio sector supera los 2.000 millones. A datos de septiembre, sin tener en cuenta el deterioro de los beneficios en el último trimestre, que se contabilizan como fondos propios. El protocolo de la operación preveía alcanzar un core capital del 7% en 2015. Un punto parece poco, pero es que aumentar solo unas centésimas en la proporción de recursos propios, la principal muestra de solvencia en finanzas, cuesta muchos ejercicios y muchos esfuerzos para una entidad.

En un intento frustrado de que la atención se repartiera también con los bancos, la vicepresidenta económica presentaba ayer en una comparecencia por sorpresa el paquete de medidas como un plan para todo el sistema financiero. Pero, lo cierto, es que el traje está hecho a medida para forzar a las cajas a privatizarse. ¿Por qué? Porque el 8% de core capital -que, como reconoce Elena Salgado, supone adelantar en España lo que las normas internacionales de Basilea III contemplan para toda Europa en 2013- se fija de media para todos, pero será mayor en los casos en los que no coticen en bolsa, no haya una "presencia significativa" de socios privados y la financiación mayorista suponga al menos el 20% de los activos. En otras palabras, el perfil de las cajas. Lo que significa "representativa" a ojos del Gobierno y el Banco de España y el porcentaje final de recursos propios necesarios estarán en el real decreto que sacará Moncloa en febrero. A partir de ese momento comenzará oficialmente el proceso de recapitalización. El Ministerio de Economía calcula que la inyección rondará los 20.000 millones de euros. "Eso no quiere decir que vayan a salir del FROB porque nuestro interés y con toda seguridad el del sector es que todo o parte se obtenga en el mercado privado", afirma Salgado. Más que nada, porque los tipos de interés de una segunda ronda de préstamos públicos, por orden de las autoridades europeas, son todavía más caros que el 7,75% que están pagando ahora las cajas que los pidieron.

El plazo para presentar al equipo del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez cada estrategia de viabilildad y los inversores a los que se abre la puerta finalizará en septiembre. Será el supervisor el que verifique el cumplimiento. Las entidades que no lo hayan conseguido "ni haya perspectivas razonables de alcanzarlo" tendrán que recurrir al FROB, pero ya no con la petición de préstamos, sino con la venta de "acciones ordinarias", por lo que la entidad o entidades no tendrán otro remedio que convertirse en un banco "con el 100% de los activos y los pasivos", que llevarán al Estado a sentarse a tomar decisiones en el seno de las entidades. Una nacionalización, por lo tanto, "temporal". Una vez dentro, los responsables del FROB acometerán los planes de saneamiento y tijeretazos necesarios para adecuarse a las condiciones de los organismos de Competencia europeos y preparar la excaja para venderla en un concurso entre el capital privado.

El precio de esas acciones que adquirirá el FROB se marcarán por el mercado. Si por entonces no hay una referencia clara del valor de la caja, Economía recurrirá a "un experto independiente".

La bancarización, por lo tanto, no será obligatoria entre las cajas que cumplan. "Las cuatro formas de modelo de negocio recogidas en la reforma de la Lorca siguen siendo vigentes", subraya la vicepresidenta, consciente de que era una de las demandas de la patronal del sector y un motivo de crítica también desde la mayoría de partidos políticos. Pero sí será irremediable la privatización. Ya sea a través de cuotas participativas con derechos políticos, mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP) articulado en un banco, con la figura de caja solo para la obra social o su transformación directa en una fundación. "Cada caja tiene su plan y no vamos a interferir hasta que el Banco de España diga que no tienes posibilidades de conseguir el capital", asegura Elena Salgado.

Pensando en lo que se avecina a la vuelta de la esquina, "lo razonable", según la vicepresidenta, "es que todas están en disposición de superar los test de estrés". Porque las pruebas de resistencia llegarán por el medio, con la intención incluso, como pactaron los ministros de Economía de la UE la pasada semana, de elevar la ratio de solvencia y medir la liquidez.

El Gobierno tiene entre ceja y ceja obtener "la máxima transparencia y fuerte solvencia" ante la "dinámica perversa" que las sombras sobre el sector están provocando. Las dudas de la capacidad de las cajas influyen en la percepción del riesgo y eso "dificulta el crecimiento". "Que vuelvan a operar con normalidad -señala Salgado-. Y preservando su obra social".

Un guiño para lograr el respaldo de la Confederación de Cajas (CECA), visiblemente enfadada ante la posibilidad de otra vuelta de tuerca de la Lorca. "Trabajaremos con ellos, pero también con la Asociación Española Bancaria", insiste Salgado. El Ejecutivo hablará también con todos los partidos presentes en el Parlamento para conseguir "el mayor consenso posible" en el real decreto.

Que la mayoría de entidades de ahorro estén inmersas en procesos de reestructuración, sin desvelar todavía exactamente el cierre de su negocio a 2010 -en muchos casos, además, en alianzas múltiples con parámetros financieros muy diversos-, complica saber la situación de cada uno de los grupos con respecto a sus recursos.

La Caixa, una de las grandes y ajena a la reestructuración salvo por la absorción de la diminuta Girona, lo cumple. Su core capital, al cierre de septiembre de 2010, es del 8,7%. Al igual que prácticamente todos los bancos, otra prueba más de que el "plan de aceleración" lo protagonizarán las cajas de ahorros.

A la cabeza del principal indicador de la solvencia está el Popular, con un 8,66%. Siempre con información a cierre del tercer trimestre del pasado 2010. Por detrás se sitúa el Santander, con un 8,5%, y el gallego Banco Pastor, con un 8,35%. BBVA alcanza el 8,2% y Banesto se cuela por los pelos, con un 8,03%. ¿Cuáles son los dos que se quedan fuera del grupo? Por un lado, el Sabadell, que tiene un core capital hasta septiembre del 7,84%, y Bankinter, con un 6,6%.