El Gobierno ha regulado por ley las cantidades que tienen que cobrar los notarios y los registradores de la propiedad por realizar una cancelación hipotecaria. La nueva regulación, que entró en vigor el pasado 14 noviembre a través de un real decreto ley y que clarifica una normativa del año 2007, establece que en el caso de los notarios el importe máximo que pueden percibir es de 55,05 euros, y en el de los registradores, de 24,04. En total, cancelar una hipoteca no puede costar más de 79,09 euros.

El Ministerio de Justicia tomó esta decisión después de que algunas organizaciones de consumidores hubiesen denunciado que muchos notarios y registradores estaban cobrando más de lo debido por estos trámites (incluso más de 200 euros). José Manuel Amigo Vázquez, decano del Colegio Notarial de Galicia, garantiza que la "gran mayoría" de los notarios de la comunidad ha aplicado desde 2007 la tarifa de "documento sin cuantía", como establece ahora el nuevo decreto. "En ese espacio de tiempo (desde 2007), en el Colegio solo hemos recibido dos o tres quejas por esa razón", argumenta.

¿Por qué algunas notarías cobraban de más? Según Amigo Vázquez, la ley de subrogación y modificación de hipotecas de 2007 es una norma "oscura" que da pie a diferentes interpretaciones, con cierto "amparo legal". Algunos notarios entendieron que las rebajas en los aranceles solo eran aplicables a los casos de subrogación (cuando los préstamos cambian de titular) y modificación de los créditos, pero no en las cancelaciones finales, cuando precisamente era su objetivo. "Habrá excepciones, pero la mayoría de las notarías gallegas hemos escogido siempre la interpretación más beneficiosa para el consumidor", explica un responsable de una notaría.

Sin embargo, las asociaciones de consumidores no se creen esa excusa, sobre todo después de que la Dirección General de Registros hubiese aclarado qué interpretación era la correcta en repetidas ocasiones. Fue la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la que alertó de la situación el pasado mes de septiembre. La organización realizó un estudio entre sus socios, y comprobó que en 83 operaciones analizadas, notarios y registradores de la propiedad habían cobrado 10.370 euros de más. La OCU extrapoló esta cantidad a las 372.042 cancelaciones hipotecarias que se realizaron en España en 2010, con lo que obtuvo una cifra de 93 millones. Solo en lo que va de año en Galicia (el último dato disponible es de octubre) se han cancelado 15.749 créditos hipotecarios, por lo que si se aplica la misma fórmula, el sobreprecio sería de 3,9 millones.