Cuatro bancos y hasta tres fondos de inversión presentaron ayer hasta las seis de la tarde seis ofertas para hacerse con el 88% del capital de Novagalicia banco, el 63% del capital que controla el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el 25% en manos del Fondo de Garantía de Depósitos, que recompró el pasado julio las preferentes en manos de minoristas para darles liquidez. Pujaron BBVA, Santander, CaixaBank, el venezolano Banesco, y los fondos Guggenheim y JC Flowers, que acude a la subasta en una alianza con Oaktree, el último fondo de inversión que entró en la recta final de esta fase de la puja.

El fondo público de rescate bancario que gestionan a medias el Ministerio de Economía y el Banco de España confirmó ayer la recepción de las seis ofertas, sin desvelar a sus autores, y que estudiaría "en las próximas horas" su contenido para decidir si abre o no la segunda fase, un paso que las partes implicadas en la puja dan por hecho. Sobre todo después de que el FROB decidiese ayer por la mañana, a unas horas de cerrarse el plazo para recibir ofertas, modificar las condiciones.

Hasta ayer, la decisión de si habría o no segunda vuelta dependía de si alguno de los candidatos ofrecía una cantidad que superase a la segunda mejor en 200 millones o en un 50%. De haberse mantenido, el banco podría haberse adjudicado en primera vuelta aunque la diferencia en dinero fuese simbólica. El fondo de rescate aclaró ayer que tendrían que darse ambas condiciones; al menos 200 millones más y un 50% superior a la segunda. La modificación de un "o" por un "y" es fundamental para la apertura de esa segunda ronda, que es más que probable porque aunque ningún candidato ha querido mostrar sus cartas, es improbable que se diferencien por una cantidad tan abultada.

El nuevo cambio, aunque lógico, volvió a indignar a buena parte de los candidatos, que denuncian la desigualdad de las condiciones para bancos españoles e inversores extranjeros y la inseguridad jurídica generada por el Gobierno, al modificar las condiciones de la subasta incluso a horas de cerrar el plazo para presentar ofertas. "La imagen del país deja mucho que desear", comentaron fuentes cercanas a una de las entidades.

De decidirse la apertura de esa probable segunda fase, las tres entidades que hayan realizado las ofertas más elevadas, serán llamadas a mejorar sus propuestas, aunque la cifra que servirá de referencia será la ganadora de la primera vuelta. Es decir, que se les pedirá que igualen o mejoren esa suma. Además de esta oferta, los candidatos tienen que precisar, entre otras cuestiones, qué parte de créditos fiscales aprovecharían, si exigen un aval sobre pérdidas no esperadas o quebranto por sentencias.

A la vista de las seis propuestas presentadas, Wilbur Ross y Anchorage renunciaron a pujar, muy posiblemente por la discriminación que denuncian los inversores extranjeros, que ven difícil hacerse con la entidad. El FROB exigía a los fondos un depósito de 750 millones de euros y una permanencia mínima de cinco años en el capital de Novagalicia. Además, y en una modificación de las condiciones decidida a tres días de finalizar el plazo, el Ministerio de Economía decidió dejar fuera de los criterios de evaluación de las ofertas la proporción de créditos fiscales que los candidatos podrán aprovechar.

Novagalicia dispone de 4.600 millones de euros en activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) en su balance, una cantidad de dinero que integran las pérdidas sufridas, las dotaciones para afrontarlas y los fondos de pensiones de su plantilla. La ley permite a las empresas -y a los bancos- no pagar impuesto de Sociedades cuando incurren en pérdidas y además, al entrar en beneficios, pueden reducir el pago de esa tasa durante un total de 18 años por el equivalente de esos créditos fiscales. Pero para ello hacen falta altos beneficios.

NCG estima que durante los próximos años ganará un total de 7.000 millones de euros, por lo que según el cálculo realizado por la Dirección General de Tributos, podrá compensar créditos fiscales por 2.341 millones. Esta es la cantidad que contará con aval del Estado y podrá contabilizarse como capital de la máxima calidad, según los criterios de Basilea III.

En caso de que la entidad no los lograse, el Estado asumirá esa carga, por lo que todas las entidades que concurren a la subasta pueden utilizarlos. Para descontar los restantes 2.260 millones de euros en activos fiscales de la factura del impuesto de Sociedades, el futuro dueño de Novagalicia tiene que superar los 7.000 millones de beneficios. Una tarea compleja para BBVA, Santander y CaixaBank, pero casi imposible para los candidatos internacionales, que sólo podrán usar los recursos que genere NCG.

El FROB había asegurado a los fondos y bancos internacionales que tendría en cuenta a la hora de escoger ganador que la banca española contaba con ventaja, y que las ofertas de los fondos y de Banesco consumirían menos descuentos en impuestos, lo que cumpliría el objetivo impuesto por la UE en el proceso: reducir el coste de la resolución para el contribuyente. La UE llegó incluso a aclarar que para que los créditos fiscales fuesen tenidos en cuenta, debía constar por escrito en las condiciones de la subasta. Y a última hora -el viernes pasado- el Ministerio de Economía decidió que la única cantidad que se tendría en cuenta sería la oferta económica, al margen de los créditos fiscales.