A finales de este mes o principios de julio está previsto que la Fiscalía Anticorrupción complete el escrito de acusación contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia que se enfrentan a los delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, por la supuesta mejora en sus contratos para elevar las prejubilaciones a su salida de la entidad. La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de rechazar los recursos presentados por las defensas de Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, además de las del abogado Ricardo Pradas, asesor en materia laboral de Caixanova y después de la caja única. El trámite abre el plazo de 10 días para que las fiscales encargadas del caso entreguen su informe definitivo, aunque, según fuentes conocedoras del proceso, la redacción podría alargarse un poco más. Luego llegará el turno de los acusados, que dispondrán de otros diez días para presentar sus escritos con la solicitud de pruebas periciales y testigos. Una vez cumplido este trámite, el juez Ismael Moreno deberá decretar la apertura de juicio oral. La fecha dependerá de la carga de trabajo en el tribunal, con lo que podría ser "inmediata" o "tardar meses".

El rechazo de las alegaciones no aporta argumentos. Los cinco exdirectivos insisten desde el comienzo de las diligencias en que nunca existieron mejoras en sus condiciones laborales y que las únicas modificaciones se debieron a la unificación de derechos consolidados ya en las pólizas de seguro. Moreno, en cambio, en el auto que puso punto y final a la instrucción incide que en el 20 de octubre de 2010, un mes antes de que empezara a funcionar Novacaixagalicia, se firmaron contratos "nuevos" que incluían "mejoras en las retribuciones a percibir y en los conceptos pensionables para el supuesto, entre otros, del desestimiento unilateral de su relación laboral".

El magistrado da por hecha la existencia de "un plan preconcebido para preparar su salida". Aunque inicialmente se les achacaba un posible delito de administración desleal, Moreno optó cambiar al de estafa.