La emisión y gestión de tarjetas black, cuyo uso para gastos personales sienta en el banquillo a 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia, se hizo al margen del circuito legal establecido en la entidad nacionalizada y sorteando los cauces habituales, según concluye la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri que, con la aportación de una nueva pericial, estrecha el cerco sobre la figura de Miguel Blesa y de Ildefonso Sánchez Barcoj como responsables últimos de este sistema.
Se trata de un informe elaborado por KPMG, al que ha tenido acceso Europa Press, incluido por Bankia como prueba pericial tres días antes de que arrancase el juicio de las tarjetas opacas y que concluye que no existe constancia de que los órganos de gobierno de Caja Madrid ni el Comité de Medios aprobaran tarjetas de esta naturaleza así como tampoco consta que fueran solicitadas por el Departamento de Recursos Humanos.
El estudio va más allá y aclara que las black "no pudieron constituir una forma de remuneración de los consejeros porque ello hubiese resultado contrario a la normativa vigente" y destaca la ausencia de regulación en este tipo de práctica pese a "las fuertes limitaciones legales en cuanto a la modalidad y cuantía de las percepciones" impuestas a los directivos.
El informe califica además de "dato significativo" que, a fecha de 1 de enero de 2012, con Rodrigo Rato en la presidencia de Bankia, solo estuviera operativa una de las tarjetas black, mientas que, una vez aprobado el Real Decreto-Ley 2/2012 y que incluía una significativa reducción de las retribuciones de los consejeros y directivos de la entidad, se emitieron otras tarjetas de este tipo que, según reza el escrito, no se llegaron a utilizar.
La prueba pericial hace referencia al real decreto ley sobre el Saneamiento del Sector Financiero, según el cual los salarios de los directivos de aquellas entidades que habían recibido dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -entre ellas Bankia- no podrían cobrar remuneraciones anuales superiores a los 600.000 euros.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, a su llegada a Bankia Rato decidió que los consejeros ejecutivos y directores generales que procedían de Caja Madrid conservaran sus tarjetas.
