Unos 135.000 gallegos se benefician del bono social eléctrico y no saben si podrán seguir contando con esa ayuda que supone una rebaja del 25% en su recibo de la luz. El Gobierno aprobó en diciembre una nueva normativa que introduce el criterio de renta como factor decisivo para la recepción del bono, pero los baremos que establecen quien puede acogerse a la medida no se conocerán hasta que se apruebe el reglamento. El Congreso ha rechazado darle una tramitación urgente y ello a pesar de los precios récord de la luz que se han registrado a principios de año.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que el bono social "está rodeado de incertidumbre" y exige que se concrete ya la reforma "para garantizar que todos los potenciales beneficiarios están informados de esta ventaja, del ahorro que supone y de cómo aprovecharla".
El denominado bono social es un mecanismo que fue creado por el Gobierno en 2009 para proteger a los consumidores "vulnerables" y paliar la pobreza energética. Los beneficiarios obtienen actualmente un descuento del 25% en su factura y para poder optar al bono deben cumplir, al menos, uno de estos requisitos: tener una potencia contratada inferior a 3,3 kW en la vivienda habitual; tener 60 o más años de edad y ser perceptor de una pensión mínima; ser familia numerosa, o formar parte de una unidad familiar con todos sus miembros en paro.
En Galicia hay alrededor de 135.000 beneficiarios del bono social, según los datos de las empresas eléctricas, y que tienen un peso próximo al 5% de la población.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre un decreto ley pactado entre el PP, el PSOE y Ciudadanos para establecer el nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad y reforzar las medidas de protección para los consumidores vulnerables.
El decreto se redactó después de que el Tribunal Supremo invalidara el sistema de financiación del bono social al considerarlo discriminatorio, puesto que solo afectaba a las cinco principales compañías, que representan el 94% de la industria. El nuevo modelo debe acabar con esa discriminación.
Con la reforma, el bono social será costeado por todas las empresas comercializadoras de electricidad y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución. Además, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, destacó que existe un "consenso amplio" para que la adjudicación del futuro bono social se base principalmente en un criterio de renta.
Ahora se considerarán cuatro tipos de consumidores: los ordinarios, dos clases de usuarios vulnerables -que tendrán distintos niveles de descuento en la tarifa regulada de la luz- y una categoría de consumidores especialmente vulnerables, atendidos por los servicios sociales, a los que no se podrá cortar la electricidad. En este último caso, el coste de los impagos para evitar el corte de suministro será cofinanciado por las compañías eléctricas a través del bono social.
El decreto del Gobierno fue convalidado por el Congreso el pasado 31 de enero, pero la Cámara Baja rechazó que su tramitación como proyecto de ley se realice por el procedimiento de urgencia. El Ejecutivo trabaja en el reglamento para especificar qué hogares podrán acogerse a los descuentos, pero de momento los baremos son una incógnita, lo que ha disparado las críticas de las organizaciones de consumidores, que destacan la "incertidumbre" que se está generando en un momento en el que, además, se acaban de registrar precios récord de la luz, lo que complica la situación en los hogares vulnerables.
