El expresidente de ONO, el coruñés José María Castellano, defendió ayer su gestión al frente de la compañía y criticó el pacto por el que Vodafone, que adquirió la sociedad en 2014, pagó casi 60 millones a Hacienda para regularizar "problemas que no había" y de los que no existía prueba alguna.

Durante casi dos horas, el que fuera además presidente de Novagalicia Banco señaló que sólo conoció de la supuesta existencia de una trama defraudatoria vinculada al área de reventas internacionales de voz en abril de 2014, cuando la Agencia Tributaria, en una inspección rutinaria, le comunicó que cuatro proveedores de ONO habían incumplido sus obligaciones fiscales. Unas sospechas de las que, dijo, Hacienda carecía de pruebas y que los propios gestores de la compañía investigaron, llegando a contratar un detective privado y concluyendo que todos habían pagado las correspondientes cuotas del IVA, como obraba en los certificados que expidieron al fisco.

Demandado por la multinacional británica junto a otros dos ex altos cargos de ONO por su presunta responsabilidad en el fraude del IVA por parte de varios de sus proveedores, Castellano indicó que el acta de conformidad con Hacienda "no debió haberse pagado nunca", y explicó que ofreció una alternativa desatendida por Vodafone, que "no contó para nada" con él.

Además, recordó que sus funciones se vieron mermadas por la enfermedad que le diagnosticaron meses antes, y sostuvo que ONO "nunca tuvo nada que ocultar" ya que incluso días antes de que se consolidara la venta, en julio de 2014, informaron a Vodafone de la reunión que la consejera delegada, Rosalía Portela, mantuvo con los asesores legales.

En aquel encuentro, aseguró Portela, el nuevo equipo asesor les trasladó su preocupación por lo que consideraban un tema "muy complejo y complicado, difícil de demostrar", en alusión a la posible vinculación de la compañía en el supuesto fraude, lo que podía derivar en un "largo litigio" contra los gestores como responsables secundarios.