La Xunta adjudicó desde 2015 a la actualidad 160 viviendas a familia en riesgo de exclusión, que se corresponden con inmuebles cedidos por la Sareb -o banco malo- y entidades financieras (108 en total) y por casas de promoción pública de la Administración autonómica.
Además, según explicó ayer el Ejecutivo gallego, a través de la Consellería de Infraestruturas concedió en los dos últimos años 420 bonos de alquiler social para facilitar a familias con dificultades una ayuda que les permita garantizar el pago de la renta de su vivienda. Esas medidas se encuadran en la docena establecida por la Xunta para hacer frente al problema de los desahucios.
Estas ayudas consisten en subsidios mensuales de hasta 200 euros por un plazo máximo de tres años para el pago del alquiler. El programa Bono de Alugueiro Social también prevé una "ayuda única" de 600 euros para afrontar los gastos derivados de la formalización de un nuevo contrato de arrendamiento o el pago de deudas.
