El Congreso de los Diputados aprobó el martes la proposición de ley presentada por el PSOE para poner coto a las horas extraordinarias en las empresas. La iniciativa pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores para que sea obligatorio que las empresas establezcan un registro del horario de entrada y salida del trabajo, con el objetivo de atajar los posibles casos de fraude laboral que se canalicen por esta vía y aflorar nuevos puestos de trabajo.

En Galicia son 40.900 los trabajadores que alargan su jornada laboral más allá de lo estipulado en su contrato de trabajo y, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el número de horas extraordinarias realizadas cada semana en la comunidad escaló desde las 270.000 en 2012 hasta las 295.000 en la actualidad. En el caso de que esta carga de trabajo adicional se pudiese mantener y repartir entre personas en situación de desempleo, se generarían en Galicia hasta 8.400 nuevos empleos de 35,1 horas semanales (las que se trabajan de media en la comunidad).

Y es que la crisis económica y la elevada tasa de desempleo han sido el caldo de cultivo para el auge de las horas extraordinarias. La crisis y el elevado paro reactivaron el recurso a las horas extraordinarias a través de dos vías, aunque ambas con la misma finalidad: mantener los niveles de actividad, pero conteniendo los costes laborales con menos trabajadores en plantilla.

Por un lado, el repunte de la contratación a tiempo parcial que, en algunos casos, camufla empleo a jornada completa, pero con menores salarios. La otra fórmula es la ampliación de las jornadas laborales más allá de las ocho horas diarias.

Aunque el recurso a las horas extraordinarias no implica necesariamente que esta carga de trabajo esté sin declarar, en la práctica casi la mitad ni se remunera ni se declara al Fisco. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el recurso a las horas extraordinarias no remuneradas ganó peso en la última década. Si en el tercer trimestre del 2007 equivalían al 42% de las que sí se pagan, los datos del segundo trimestre revelan que el porcentaje es ya el doble: el 83%.