Banco Santander y sindicados alcanzaron un principio de acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tras la absorción del Popular, propietario a su vez del gallego Pastor. La entidad que preside Ana Botín accedió finalmente a rebajar hasta 1.100 el número de empleados afectados, entre prejubilaciones y bajas incentivadas. Esto supone una reducción superior al 30% respecto al despido colectivo planteado en la fase inicial de las negociaciones, aunque habrá que esperar al próximo martes para la firma definitiva del acuerdo.

El responsable de banca de UGT en Galicia, Javier Castro, explicó que la mayoría de las mesas sindicales presentes en el proceso accedieron a un preacuerdo. "Ahora cada uno lo someterá a estudio con sus asambleas", detalló. A la cifra de 1.100 afectados hay que sumar los 575 que serán recolocados en otras empresas del grupo Santander y el acoplamiento de 100 trabajadores en la red comercial de ambas entidades.

En este primer ajuste, centrado en los servicios centrales y las unidades de apoyo territoriales, las partes pactaron condiciones para aquellos que acepten el ERE de forma voluntaria como prejubilaciones a partir de los 55 años con el 80% del sueldo, mediante renta mensual y con aportaciones al plan de pensiones siempre que cuenten con una antigüedad de, al menos, 15 años. Para los mayores de 50 años con más de 15 de antigüedad, las salidas se producirán con una indemnización también del 80% del sueldo por ocho años, hasta un máximo de 380.000 euros, con 2.000 euros por trienio de antigüedad y una prima adicional que va de 19.000 a 30.000 en función de los años trabajados en el grupo. Si no se cumplen las condiciones de antigüedad mínima, la indemnización será de 40 días por año de servicio con un máximo de dos anualidades, con 2.000 euros más por trienio y primas de entre 4.000 y 30.000 euros según la antigüedad.

CCOO señaló que su "acción sindical" fue "determinante" para alcanzar este acuerdo. "Reúne los equilibrios suficientes para minimizar los efectos de unas reformas laborales muy lesivas para las plantillas", resaltó el sindicato.

Sobre la incidencia del acuerdo en Galicia, los sindicatos explican que habrá que esperar a ver cuánta gente se suma al plan. "Si no se llega al cupo habrá una segunda fase, en la que las salidas serán forzadas", indicó Castro. Según la información aportada por el banco a comienzos de noviembre, en la comunidad trabajan alrededor de 170 personas inicialmente afectadas. Entre ellas están los 157 efectivos de las oficinas de la calle Orillamar, en A Coruña, y los tres de prevención de riesgos laborales y otros tantos de auditoría que están en la antigua sede central del Pastor en la ciudad coruñesa.