Frente a las más de 193.500 inspecciones realizadas en el ejercicio 2015, en 2016 en el conjunto del país fueron 165.500. Aún así, el empleo aflorado aumentó un 1,25% en España, hasta los 87.190, lo que evidencia que el fraude no es cosa del pasado, de la etapa de crisis. Una de cada cuatro inspecciones detectó irregularidades en materia de empleo y Seguridad Social.
El tipo de ilegalidad en el que, según el organismo, "se produjo un desarrollo y proliferación" en los últimos años es la constitución de "empresas ficticias": compañías creadas solo para "facilitar el acceso indebido a prestaciones mediante contratos de trabajo falsos" para obtener luego prestaciones por desempleo. La intensificación del control en esta materia ha tenido como consecuencia "la desaparición de la casi totalidad de las empresas ficticias puras o totales", lo que "ha llevado que el fraude se desplace a la denominada ficticia parcial o simulación de relación laboral con determinados trabajadores".
Existe un actividad en la firma, y es más difícil desarrollar una inspección, "si bien desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se están redoblando los esfuerzos en adaptarse a esta variante de fraude".
