04 de marzo de 2018
04.03.2018
La revolución de los pensionistas La situación actual del sistema en Galicia

Los abuelos vuelven a la guerra

Galicia tiene más ocupados que pensionistas con ingresos inferiores al salario mínimo, 736 euros al mes. Los mayores marcan la agenda política con sus marchas. "Las pensiones soportan casas", apuntan expertos

04.03.2018 | 12:00
Pensionistas gallegos durante una manifestación en defensa de las prestaciones públicas.

En 2011 el Gobierno decidió, a través de una disposición adicional en la ley Ley 27/2011, que mandaría una carta al año a todos los trabajadores mayores de 50 años para informarles de los "futuros derechos a la pensión de jubilación". Algo así como un aviso a navegantes para que cada cual hiciese sus cuentas y no se llevase la sorpresa. Entonces la misiva tendría más de 4,5 millones de potenciales receptores; ahora no se está cumpliendo aquel mandato. En una respuesta oficial del pasado 18 de febrero el Ejecutivo aseguró que había dos motivos: la creación de una web que presta el mismo servicio (Tu Seguridad Social) y que el coste que supone un envío masivo y anual de notificaciones "es reseñable para la Administración". Ahora esa carta tendría que enviarse -recuperación económica mediante- a un millón de personas más que en 2011. Pero lo que el Ejecutivo no ha considerado un coste "reseñable" es echar mano del papel para informar a todos los pensionistas de que sus pagas iban a subir este año dos euros al mes. Y eso que el colectivo es mucho mayor: 8,7 millones de personas en España, más de 670.000 en Galicia. La factura, al menos 1,6 millones de euros. Es decir, cada pensionista ha pagado dieciocho céntimos para saber que su paga se va a revalorizar solo un 0,25%.

Por más que a las cartas se les atribuya habitualmente un deje romántico, esta correspondencia no ha sido bien recibida. Cientos de miles de jubilados y pensionistas se han echado a la calle para reivindicar "pensiones dignas" y una mayor redistribución de la riqueza generada por la economía en los dos últimos años, en los que España ha crecido por encima del 3% (como se han afanado en reivindicar distintos miembros del Gobierno). Han alterado la agenda política -habrá un pleno monográfico sobre el sistema público de pensiones, anunciado por Mariano Rajoy- y han sacado del cajón un debate, el de la salud de la caja única de la Seguridad Social, que llevaba meses silenciado. De paso, han recordado su poder, como el que lucieron con la crisis de las participaciones preferentes logrando que Europa avalase su devolución.

Galicia tiene, tras Extremadura, las pensiones más bajas de España, con 777 euros mensuales de media. Para un jubilado gallego que perciba la paga máxima -que son en torno a 26.000 personas-, una subida del 0,25% equivale a unos noventa euros anuales. Pero tres de cada diez percibe la pensión mínima, y son un grupo mucho más numeroso: 237.000 personas, según la estadística oficial de la Seguridad Social. En su caso la revalorización se queda en los 21 euros anuales de media. Un alza tan pobre a ojos de Nieves, gallega de 87 años, que le devolvió su parte a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con acuse de recibo. Tiene acogida en su casa a una hija y dos nietos, tres víctimas (más) de la doble recesión.

No existe ninguna perspectiva -tampoco a largo plazo- de que la Seguridad Social salga de números rojos y, mientras tanto, seguirá en vigor el techo del 0,25%. A menos que la revolución de los seniors logre revertirla de alguna manera. En Galicia la afiliación creció en 75.000 personas en los últimos cuatro años y en más de 20.000 en 2017. Pero son mejoras que no han curado el sistema. Todo lo contrario, porque en 2016 (último ejercicio del que hay estadísticas anuales) la recaudación por IRPF cayó en Galicia pese a haber elevado la cifra de cotizantes en 20.208 personas. La calidad del empleo no ha corregido los desequilibrios.

Por ejemplo, en 2015 había 319.524 pensionistas gallegos (en torno a la mitad) cuyos ingresos no superaban el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que entonces era de 648,6 euros mensuales. Al mismo tiempo otros 310.093 trabajadores en activo declaraban lo mismo: que en sus libretas bancarias entraban al mes, como mucho, esos 648 euros. Pero ahora es al revés. Según los últimos datos oficiales disponibles (2016) hay 312.093 trabajadores que cobran al mes menos del SMI, frente a los 310.793 jubilados y pensionistas en esta misma situación. Es uno de los factores, el laboral, que no anticipa la cura para el déficit de la Seguridad Social. Sin ella, salvo que prospere la batalla de los mayores, el 0,25% ha llegado para quedarse. Revalorización que, en Galicia, conlleva un coste adicional de 20,5 millones de euros para las arcas públicas. La factura ascendería a casi 99 millones de euros anuales si las pagas, como reivindican sus perceptores, se equipararan a la inflación (IPC). Solo en Galicia. En el conjunto del Estado supondría un coste de 1.460 millones de euros adicionales.

¿Por qué se producen ahora las protestas cuando fue en diciembre de 2013 que el Gobierno aprobó desligar las pensiones del IPC y limitarlas al 0,25%? Los expertos aluden a dos motivos. En primer lugar, al fuerte crecimiento de la economía española, que ha acumulado cuatro años de subidas (tres de ellos por encima del 3%). Ha sido el principal mensaje del Ejecutivo -también estando en funciones-, que hizo de la economía su estandarte tanto en España como a nivel internacional. Una recuperación que, además, no eliminó el techo de la subida de las pensiones porque la Seguridad Social siguió engordando su déficit, hasta los 18.350 millones de euros (1,6% del PIB) del año 2017. Y, en segundo lugar, a los precios. "Hasta ahora no había habido mucho follón porque el IPC había sido negativo, que se encareciera la educación o incluso el gasóleo es algo que no impactaba en el colectivo", analiza el economista Vicente Martín. De hecho, el catedrático Santiago Lago había anticipado ya que el incremento del coste de la vida se convertiría en un "problema serio de economía política", como finalmente ha sucedido.

Durante los dos primeros años (2014 y 2015) en los que las pensiones crecieron solo al 0,25% la inflación fue negativa. Eso sí, no todos los componentes del IPC. Los alimentos, por ejemplo, se encarecieron un 1,4% en 2015 (con la inflación general en un -0,2%), de modo que la comida se encareció cinco veces más que lo que aumentaron las pagas. Y el año pasado los alimentos se anotaron otro repunte del 1,2% anual, muy por encima del colchón del 0,25%. De ahí que, aunque las matemáticas puras den la razón al Gobierno y el IPC solo ha cerrado en positivo los dos últimos años, los productos básicos para jubilados y pensionistas lo han hecho muy por encima de la media: los alimentos (suman un encarecimiento de más del 7% en los últimos cinco años), la ropa (2,2% en el mismo periodo), el suministro de agua para la vivienda (11,5%)... Y después está, a juicio de Martín, el "error de comunicación" de la ministra. "Mandar una carta para decirte que la pensión te sube en tres euros es un error, y gastas millones en eso...", cuestiona.

Está además el caso de las viudas, un colectivo de 187.000 personas en Galicia, para las que habrá una mejora en sus pagas. Pero esta medida, que pasa por elevar del 52% al 60% la proporción de la base reguladora que se aplica para fijar la cuantía de la prestación, deja fuera a siete de cada diez gallegas. Son, con 550 euros mensuales de media, las viudas con la prestación más baja de España.

Vicente Martín introduce otro motivo para el debate, ya que las pensiones "han estado soportando muchas casas". Durante la crisis los pensionistas elevaron un 25% su gasto en Galicia para ayudar a familiares sin ingresos, como publicó este periódico. Por contra, el gasto de las familias que tienen los salarios como principal fuente de ingresos se desplomó más de 4.500 millones. El desembolso de los hogares alimentados por pensiones contributivas alcanzó en 2008 los 9.600 millones de euros, un 26,7% del total del consumo realizado en Galicia ese año. En 2013, el colectivo de jubilados superó el 35%, con 12.029 millones (un extra de 2.500 millones).

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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