La inspección se ha convertido en un arma más en la lucha contra la precariedad en el empleo. A ese objetivo responde el plan de persecución del fraude que el organismo activó en 2012. Desde entonces y hasta el pasado mes de febrero, según detalló ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afloraron 519.056 empleos irregulares y la recaudación pudo sumar 21.198 millones de euros. Se detectaron más de 7.000 empresas ficticias y casi 360.000 contratos temporales se transformaron en fijos.
El Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2018-2021 con objetivos renovados y que contará con nuevas herramientas para hacer "de la eficiencia de la lucha contra el fraude un activo estratégico principal". El nuevo plan tratará de buscar "la calidad del empleo" como la base para "la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social", según Báñez.
