El sector de las gasolineras se revela contra las acusaciones que vinculan los altos precios del combustible en Galicia con la escasa competencia que, según los críticos, existe entre las distintas operadoras. La Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) culpa al céntimo sanitario de elevar los precios por partida doble. A la subida de "5,8 céntimos por litro" en la factura por la suma de impuesto sobre hidrocarburos y el IVA se sumaría un desvío de usuarios -especialmente transportistas- hacia provincias limítrofes con menor carga fiscal, lo que reduce el número de clientes y "obliga" a las gasolineras a elevar los precios para poder ser rentables.

"Ahora mismo surtimos básicamente a coches", recalcó ayer el secretario de Fegaes, Julio López, que lamentó que el sector de las estaciones de servicio se encuentra inmerso en su particular tormenta perfecta. A su juicio, la pérdida de peso del sector agrario, unido al trasvase de transportistas a gasolineras de provincias más baratas y la dispersión de población impulsan los precios en la comunidad. Fegaes, que advierte del cierre de pequeños establecimientos por no ser rentables, encargó un informe a un "organismo independiente" para que certifique cuáles son los motivos que explican el sobreprecio de los combustibles en Galicia respecto al resto de España, que ayer alcanzaba los 3,4 céntimos el litro en el diésel (cotizaba a 1,283 euros).

Como primera medida para paliar esta diferencia de precios respecto a la media estatal, la organización reclama que los carburantes tengan el mismo tratamiento fiscal en todas las comunidades autónomas. "El céntimo sanitario nos ha hecho mucho daño", lamenta el presidente de Fegaes, Benigno Redondo, que pide "su unificación en todo el territorio", tal y como figura en los Presupuestos Generales del Estado, que ya superaron el trámite del Congreso de los Diputados pero aún deben ser aprobados en el Senado.

La federación considera esta opción una vía más rápida para acabar con los sobreprecio que la apuesta por las estaciones desatendidas -las que, a diferencia de las de autoservicio, no cuentan con ningún tipo de trabajador a cargo del establecimiento-. "No pueden ser el fin a seguir cueste lo que cueste", criticó ayer la vicepresidenta de Fegaes, Fara Pérez.

Galicia cuenta ya con seis estaciones sin personal a cargo (tres en la provincia de A Coruña y tres en la de Lugo), lo que ha puesto en pie de guerra a los establecimientos tradicionales, que acusan a este nuevo modelo de negocio de lograr precios más bajos a cambio de aumentar el riesgo de accidentes durante el repostaje. "Trasladarle ese riesgo al usuario es un disparate", denunció Redondo.

Aunque este tipo de estaciones apenas suponen el 1% del total en Galicia (frente al 5% del conjunto de España, donde ya existen 570) los representantes de las gasolineras tradicionales cargan contra su proliferación y exigen que pasen a ser reguladas de una forma más estrecha. A diferencia de comunidades como Andalucía, Aragón o Navarra, que cuentan con una normativa propia que exige la presencia de personal, Galicia carece de ella y se rige bajo el "régimen jurídico estatal", que permite la instalación de estaciones desatendidas -también conocidas como gasolineras fantasma-. Los responsables de Fegaes cargan contra este modelo de negocio -que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia defiende con el argumento de elevar la oferta y reducir los precios- porque, argumentan, supone el incumplimiento de la normativa medioambiental y de atención a personas discapacitadas, que quedan desatendidas en estos establecimientos sin personal.