El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez va a cambiar algunos aspectos de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy -que pretendía mejorar la situación del mercado de trabajo aumentando la flexibilidad, algo que no ha logrado, según numerosos expertos e instituciones-, fundamentalmente aquellos que considera "más negativos" para los trabajadores y para el propio mercado laboral. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, dejó claro que el Gobierno no puede derogar "alegremente" la reforma laboral, pero que comenzará a trabajar "inmediatamente" para modificarla, por lo que ya tuvo esta semana un primer contacto con la patronal y los sindicatos en el encuentro que estos mantuvieron con Pedro Sánchez en la Moncloa. El objetivo de Valerio es acabar con la precariedad y la devaluación salarial derivadas de la reforma de 2012 -aprobada con Fátima Báñez al frente del Ministerio de Empleo- y adoptar medidas de forma urgente para "garantizar la suficiencia" del sistema público de pensiones.
"Las normas no se pueden derogar alegremente, hay que analizar toda la reforma laboral en su conjunto y ver cuáles son los aspectos que consideramos, de manera dialogada y consensuada, que hay que derogar", destacó la ministra de Trabajo en varias intervenciones tras acceder al cargo. Valerio deja entrever que los cambios deben ser consensuados tanto en el marco del diálogo social como en el Congreso dada la "complejidad parlamentaria" actual, con el PSOE gobernando en minoría, por lo que necesita recabar el apoyo de otros partidos para realizar los cambios.
Los sindicatos reclaman la derogación total de la reforma de 2012 y piden avanzar hacia una normativa laboral más moderna, mientras que la patronal es más partidaria del planteamiento del Gobierno de estudiar cambios parciales.
En lo que sí hay un consenso bastante amplio desde el punto de vista político, social e institucional es en que los cambios introducidos hace ya más de seis años por el Ministerio de Empleo en la legislación laboral no han servido para mejorar el mercado de trabajo español, sino más bien lo contrario, con mayor temporalidad en los contratos, más precariedad y mayores dificultades para el mantenimiento del sistema público de pensiones pese a las alzas en el número de afiliados a la Seguridad Social en los últimos años como consecuencia de las rebajas en las cotizaciones sociales.
Entre los organismos que se han mostrado críticos con la regulación laboral española y que cargaron contra la última reforma del PP está el Defensor del Pueblo, que en su Informe anual 2017 y debates en las Cortes Generales lamenta que el mercado de trabajo español "tiene características que potencian la desigualdad". Entre ellas destacan "la fragilidad del empleo, las elevadas tasas de temporalidad y la evolución de los salarios".
La institución que lidera Francisco Fernández Marugán recuerda en el documento que en las últimas décadas se produjo "una aceleración temporal en el proceso reformista" para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo -con cambios en la legislación laboral en 1986, 1994, 1997, 2006, 2010 y 2012- y que, pese a tratarse de reformas muy distintas en cuanto al equilibrio entre flexibilidad y seguridad, hay "unas sensaciones generales": el "escaso efecto real de estas reformas en el empleo" y "la poca efectividad de las medidas contra el uso fraudulento de la contratación temporal".
El organismo estatal argumenta en su informe anual que las medidas de fomento de la contratación adoptadas por el anterior Gobierno popular apostaban por la rebaja de las cuotas sociales de los contratos indefinidos, lo que tiene un efecto "peso muerto" e incide "en la estabilidad financiera de los sistemas de protección social".
El Defensor del Pueblo también lamenta el debilitamiento de la negociación colectiva, lo que provocó una caída de los salarios y favoreció el aumento de las desigualdades y que en España haya "niveles de pobreza laboral similares a países con un nivel mucho más bajo de renta per cápita dentro del ámbito europeo".
La institución que vela por los intereses de los ciudadanos asegura que el marco institucional del mercado de trabajo elevó la flexibilidad sin que este cambio incidiese en el empleo ni en su estabilidad y denuncia la carencia de elementos reductores de la desigualdad por el debilitamiento de la capacidad reguladora de la negociación colectiva. "Insuficiencias de las acciones públicas contra la temporalidad, en lucha contra el fraude y en promoción del empleo estable", subraya el documento. Por ello, reclama "una reflexión con perspectiva temporal amplia sobre temas que pueden condicionar la evolución futura de la desigualdad".
