Nuevo mazazo para la supervivencia de las centrales térmicas de carbón, de las que dependen centenares de trabajadores en Galicia, principalmente en la provincia de A Coruña. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que establece nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones, que deben cumplirse para 2020 y 2030 tanto en cuanto al dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metálicos (Covnm), amoniaco (NH3) y partículas finas PM 2,5. Los recortes son de hasta un 67% a partir de 2020 con respecto a los niveles de 2005 y las térmicas de carbón, que ya tienen que cumplir con la exigente Directiva de Emisiones Contaminantes (DEI), aún son focos de emisión. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no ha escondido que en sus planes figura el cierre de las térmicas y mantiene la fecha "orientativa" de 2025.
El real decreto aprobado ayer incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva europea que establece los compromisos de reducción de emisiones de los estados miembros para las emisiones atmosféricas antropogénicas (más conocida como Directiva de Techos) con el fin de reforzar la protección de la salud humana y del medio ambiente.
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La norma fija unos compromisos de reducción de emisiones de contaminantes a partir de 2020 y con respecto a 2005 que en el caso de España son de un 67% en SO2, del 41% en NOx, del 22% en Covnm, del 3% en NH3 y del 15% en PM 2,5. A partir de 2030 la reducción con respecto a 2005 deberá ser de un 88% en SO2, del 62% en NOx, del 39% en Covnm, del 16% en NH3 y del 50% en PM 2,5. Además obliga al Estado a aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación para establecer medidas a diferentes sectores entre los que el Gobierno ya cita la generación de energía, la industria, la agricultura, el transporte o la calefacción doméstica. El programa de medidas deberá ser aprobado y presentado a la Comisión Europea como muy tarde en abril de 2019 y deberá ser revisado periódicamente. La directiva ya fija un contenido mínimo en el que se incluye, por ejemplo, el control de las emisiones de amoniaco en el esparcimiento de estiércol en el campo, una práctica muy habitual en España en comunidades autónomas ganaderas como Galicia.
