La Administración General del Estado convocará durante los próximos meses pruebas para cubrir 30.844 plazas de funcionarios y personal laboral, una oferta pública de empleo que ayer fue catalogada por el Gobierno central como "la mayor de la última década". En torno al 60% de esa oferta corresponde a oposiciones del llamado turno libre, mientras que el resto se reparte entre puestos de promoción interna para quienes ya son trabajadores públicos y procesos de selección en los que se primará el acceso de los interinos a puestos fijos, para reducir las altas tasas de temporalidad existentes en la actualidad.
La plantilla de la Administración central fue, junto a la de los ayuntamientos, la que registró mayores ajustes durante la crisis económica y a raíz de las políticas de austeridad que desplegaron los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Mariano Rajoy Brey (2011-2018). No hubo despidos en el sector público español, aunque sí un drástico recorte de las nuevas incorporaciones que redujo el número de efectivos al producirse jubilaciones.
En 2017 el anterior Gobierno del PP concertó con los sindicatos de la función pública el fin de esa austeridad y el despliegue de sucesivas ofertas de empleo en las distintas Administraciones. Un acuerdo reciente de la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, con los mismos sindicatos da continuidad a aquel pacto anterior. Su contenido fue ratificado ayer por el Consejo de Ministros y los principales rasgos de la oferta pública de empleo del Estado se sintetizan a continuación.
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EPlazas. Ayer se aprobaron 23.156 plazas que se suman a las 7.688 que, sobre todo para las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil, dejó aprobadas el anterior Gobierno en abril.
EDestinos. Las plazas nuevas son principalmente para la Seguridad Social, lucha contra el fraude tributario, instituciones penitenciarias, gestión de prestaciones de empleo, emergencias y otros servicios de atención a los ciudadanos. Se incluye también con carácter extraordinario la convocatoria de 323 empleos para personal de asistencia a asilados y refugiados.
EAcceso. Entre las 23.156 plazas aprobadas ayer, menos de la mitad (11.095) pertenecen al turno libre, accesibles en igualdad de condiciones para los aspirantes. El resto se reparte entre puestos de promoción interna de empleados públicos actuales (6.204) y otros vinculados al llamado plan de estabilización del empleo público (5.534). En este último caso se trata de convocatorias dirigidas a reducir las tasas de temporalidad en la Administración del Estado, y en los procesos de selección tendrán ventaja los trabajadores interinos. Aunque podrán presentarse personas ajenas al empleo público, en la fase de concurso se primará a quienes tengan experiencia como asalariados eventuales de la Administración. Considerando también las características de la oferta aprobada en abril, la proporción total de plazas que están destinadas a empleados públicos (promoción interna) o que dan ventaja a los interinos ronda el 40% del total.
