La gran banca española lanzó duras críticas al Gobierno por su idea de aprobar un impuesto específico al sector para financiar las pensiones, y advirtió de las consecuencias que podría tener sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. Pese a los avisos de las principales entidades españolas durante la presentación de los resultados esta semana, el Gobierno mantiene su objetivo de aprobar dicho impuesto. Así lo dejó claro el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien dijo que aunque entiende la oposición de la banca, el Ejecutivo representa el interés general y no el particular de las entidades.
Las patronales de la banca española AEB y CECA ya avisaron de que establecer un impuesto especial para los bancos tendría unos efectos recaudatorios "inferiores a los pretendidos" por el Gobierno y afectaría "de forma muy negativa" a la solvencia de las entidades.
La principal entidad española, el Banco Santander, fue más allá, y avisó que de se replanteará su estructura legal si el Gobierno aprueba nuevos impuestos que supongan una doble imposición a los ingresos que obtengan en el exterior las multinacionales españolas.
BBVA también advirtió al Gobierno de que "la fiscalidad no puede penalizar el crecimiento y la creación de empleo". Aunque durante la presentación de las cuentas semestrales, el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, no quiso referirse al citado impuesto, sobre el que dijo que "hay mucho ruido", pero "no se ha concretado nada", defendió que a nivel global, la contribución fiscal del grupo alcanzó los 9.881 millones de euros en 2017.
Las entidades adheridas a Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) cuantificaron en 4.837 millones su contribución fiscal en 2017, de los cuales, 2.287 millones correspondieron a impuestos que suponen un coste para las entidades. Y Bankia también alertó de que un nuevo impuesto a la banca no sólo afecta a la cotización en Bolsa del sector sino que acabará mermando su rentabilidad, ya de por sí baja, y teniendo un impacto en la solvencia del sistema.
