La mayoría de los hogares españoles que tienen derecho al llamado bono social eléctrico en sus nuevas condiciones no lo ha solicitado por el momento, según los resultados provisionales que posee la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y conforme a la información que manejan también las compañías energéticas encargadas de canalizar las solicitudes. La complejidad de la tramitación y la falta de información de las familias explica que miles de ellas con ingresos modestos no hayan accedido todavía a rebajas de entre el 25% y el 45% en el recibo de la electricidad.
A fecha 31 de julio la CNMC cifra en solo 650.000 los clientes anotados en España en el nuevo bono social eléctrico, frente a los 2,5 millones de hogares que eran beneficiarios del antiguo, con lo que hay aún 1.850.000 que no han solicitado el cambio. En el caso de Galicia hay actualmente unas 250.000 familias que se benefician de descuentos en la factura de la luz y la mayoría son clientes de Naturgy -antigua Gas Natural Fenosa-, pero muy pocos solicitaron ya acceder al nuevo mecanismo. A mediados de agosto la firma presidida por Francisco Reynés contabilizaba 229.156 clientes acogidos al bono social, pero solo 40.000 de ellos estaban inscritos en la nueva modalidad. A 12 de septiembre -casi un mes después- las cifras apenas han variado, con 229.225 beneficiarios del descuento estatal y esos mismos alrededor de 40.000 usuarios acogidos al nuevo pese a que solo quedan tres semanas de plazo para solicitarlo.
El nuevo bono socialbono social fue aprobado por el anterior Gobierno central en 2017, con modificaciones sustanciales respecto al sistema precedente, que aún está en vigor de forma transitoria hasta el 8 de octubre. Esa es la fecha tope que tienen los beneficiarios del bono antiguo para acogerse al nuevo, si es que cumplen los requisitos. En caso contrario, a partir de ese momento tendrán una subida automática de la factura de la luz. Será de ese modo salvo que el actual Ministerio de Transición Ecológica decida prorrogar de nuevo ese plazo -ya se hizo en abril de este año- o incluso revisar el modelo. La ministra, Teresa Ribera, comparecerá la próxima semana en el Congreso para dar explicaciones sobre la escalada del precio de la luz y no se descarta que haga algún anuncio relacionado con la "pobreza energética".
Hasta ahora el bono social eléctrico consistía en una rebaja del 25% a la que tenían derecho, de manera automática, todos los hogares con menos de tres kilovatios de potencia contratada, así como aquellos que lo solicitaran por poseer la condición de familias numerosas o tener a todos sus miembros en paro o percibiendo pensiones mínimas. La alternativa que pergeñó el anterior Ministerio de Energía incluyó un vínculo más claro entre la renta de la familia y el derecho a la rebaja en la luz, discerniendo entre "consumidores vulnerables", "vulnerables severos" y "en riesgo de exclusión social". En función de los umbrales de ingresos y de las condiciones familiares que se detallan en el gráfico adjunto, la rebaja en la factura oscila entre el 25% y el 45%, y alcanza a las dos partes en las que está dividido el recibo de la luz: el término de potencia o "fijo" y el término de energía (la electricidad consumida). En este último caso existen topes al consumo bonificado que, también según la situación de cada hogar, oscilan entre los 1.200 y 2.040 kilovatios anuales.
¿Cómo solicitarlo?
Las solicitudes del bono social eléctrico deben dirigirse a las comercializadoras de electricidad. Una de las singularidades del sistema es que, para acceder a la rebaja en el precio de la luz, el consumidor tiene que estar acogido a la tarifa regulada en lugar de tener un contrato del mercado libre. Quienes estén en esta última situación pueden pasarse a un contrato regulado (denominado PVPC) y, si cumplen los demás requisitos, acceder al bono social.
Ese acceso requiere que, previamente, el consumidor presente una copiosa documentación: modelo de solicitud cubierto, fotocopia del NIF del titular del punto de suministro y de todos los miembros de la unidad familiar, certificado de empadronamiento (individual o conjunto) de todos los miembros del hogar, libro de familia o, en su caso, certificación de la hoja individual del Registro Civil de cada uno de los miembros, en caso de ser necesario la copia del título de familia numerosa en vigor, certificado de la Seguridad Social de las pensiones que se cobran y documento acreditativo emitido por los servicios sociales competentes cuando haya discapacidad o se sea víctima de violencia de género o del terrorismo.
Para facilitar las cosas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Fundación Civio ponen a disposición de los usuarios una aplicación web del nuevo bono social que permite saber en pocos pasos si un cliente es potencial beneficiario del nuevo descuento.
