El giro en la fiscalidad de los combustibles en España va tomando forma. Hace semanas que dejó de ser una idea para convertirse en una intención en firme del Gobierno dentro de su estrategia hacia una economía más sostenible. No hay afán recaudatorio, sino un objetivo "disuasorio con las conductas medioambientales", según la ministra de Hacienda, que ayer desveló cuánto va a costar la subida prevista en el diésel, de largo el carburante líder en el consumo del país, para acercarlo a la tributación de la gasolina. Serán 38 euros más por cada 1.000 litros. Unos 3,3 euros por conductor al mes. "Espero que no tenga una repercusión importante en el bolsillo del consumidor", aseguraba María Jesús Montero durante una entrevista en RNE, donde aprovechó para apelar al "granito de arena" que, en sus palabras, aporta el alza "para que nuestros nietos y biznietos puedan disfrutar de un planeta verde". A la espera de la letra pequeña y con la promesa de que los profesionales del sector del transporte no se verán afectados, en la comunidad gallega el incremento sumará unos 50 millones de euros anuales.
Con la eliminación del Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos, el viejo céntimo sanitario, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que confirmó su ilegalidad, los combustibles están gravados con un único tributo, aunque con dos tramos diferentes. Uno estatal, de 30,7 céntimos por litro en el caso del gasóleo y de entre 40 y 43,3 céntimos para las gasolinas, en función de su composición. Y otro que gestionan las autonomías, con un tipo máximo de 4,8 céntimos por litro, el que aplica la Xunta desde 2014.
La decisión del Ejecutivo gallego de exprimir su parte del impuesto hasta el límite permitido agravó el grave problema que históricamente arrastra la comunidad con el precio de los carburantes. Con los datos del pasado agosto, el litro de gasóleo para automoción en Galicia se cotizaba a 0,669 euros antes de impuestos, un 0,7% por debajo de la media del país (0,674 euros). Cinco comunidades, incluidos los dos archipiélagos, y las dos ciudades autónomas tenían un precio superior. Pero al aplicar los tributos -Hidrocarburos e IVA-, el litro en Galicia alcanzó los 1,268 euros, un 2,1% más que precio estatal y el segundo mayor importe solo por detrás de Baleares.
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Pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destaca cada mes en su informe de supervisión que la principal razón de esta diferencia de precios está en la carga fiscal de las comunidades autónomas, la Xunta ha intentado siempre minimizar el impacto de su decisión de elevar al tope el tramo autonómico del impuesto y cargar contra la falta de competidores. En eso está ahora la CNMC, estudiando, tras años de denuncias, si existe alguna injerencia en el libre mercado de los combustibles en la comunidad.
La entrada en vigor de los tipos máximos del antes llamado céntimo sanitario provocó una importante caída de la demanda de combustibles en Galicia. Ahora, el consumo de gasóleo está en los niveles más altos desde 2011. Entre enero y julio, según las estadísticas de Cores, aumentó un 1,2%. Las ventas de gasolina crecen un 1,5%. En el conjunto del Estado, los incrementos llegan al 2% y al 3,5%, respectivamente. Aún así, el repostaje de diésel en Galicia es un 10% más bajo que antes de la crisis; y un 27% en el caso de la gasolina.
Mientras, de todas las medidas posibles para generar "un efecto más inmediato" en los disparados precios de la electricidad este año, la ministra para la Transición Ecológica volvió a defender ayer la suspensión del impuesto del 7% sobre la generación anunciada el pasado miércoles en el Congreso. La recaudación, unos 1.500 millones en España -alrededor de 45 millones en Galicia- se compensa, según Teresa Ribera, con lo que aporta de más la también por las nubes cotización de los derechos de emisiones de dióxido de carbono y con los propios presupuestos. Su compañera en Hacienda, María Jesús Montero, advirtió de que estará "vigilante" para que el alivio fiscal a las empresas se note en la factura. Las organizaciones de consumidores minimizan los efectos. El precio bajará entre un 2% y un 4%, aseguran.
Más presión para la banca
El Ministerio de Hacienda también anunció ayer que los bancos tendrán que hacer "un esfuerzo adicional" en su contribución fiscal en 2019, ya sea a través de la creación de un impuesto a las transacciones o por una subida del de Sociedades, que en el caso de las micropymes -con menos de 10 trabajadores y facturación de menos de 1 millón al año- podría bajar del 25% al 23%. El ahorro, según el Ministerio, rondaría los 260 millones para 350.000 empresas. Los técnicos de Hacienda rebajan el impacto a solo 36 millones.
