06 de octubre de 2018
06.10.2018
Juan Antonio Frago Amada Fiscal del grupo de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña

"El de Rodrigo Rato es un ejemplo de la sensación de impunidad que existía antes sobre el fraude"

"Hace 10 años era impensable que una Infanta fuese a juicio". "La gente quiere inmediatez y es difícil"

06.10.2018 | 02:14
Juan Antonio Frago, el pasado jueves en Santiago.

El fiscal del grupo de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña, Juan Antonio Frago, participó el pasado jueves en el XII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario (organizado por el Consello Galego de Economistas) en el marco de una mesa redonda titulada La responsabilidad penal de la persona jurídica. Implantación de sistemas de cumplimiento normativo en la pyme. La integración de la contabilidad dentro del modelo de prevención, vigilancia y control. Este profesional del Derecho destaca que hay más delitos económicos en Galicia, al menos que se destapan, que en otras comunidades en relación a su población y que solo Madrid y Cataluña superan a la gallega en cuanto a condenas. Para reducir aún más este tipo de delincuencia ve necesario contar con más medios y que haya una Fiscalía Anticorrupción tanto en A Coruña como en Pontevedra, una medida que confía en que apruebe la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra.

- Participó en las jornadas sobre procesos concursales, pero es fiscal en materia de delitos económicos. ¿Hay muchos de este tipo en Galicia?

-Sí, hay muchísimos. Fiscales (defraudaciones contra la Hacienda Pública tanto de IVA como de Sociedades), algunos de renta, fraudes de subvenciones, cada vez más delitos contra la Seguridad Social, concursos punibles y otros delitos menores. Pero cada vez hay un mayor número de personas jurídicas, una opción que existe en España desde 2010. Se ven más procedimientos y más condenas de este tipo en la comunidad gallega.

- ¿Hay mucha diferencia entre Galicia y otras comunidades?

-No es estadística la respuesta que voy a dar, pero aquí hay varios fiscales muy concienciados en la materia, sobre todo en personas jurídicas, y hay un número de condenas más alto que en otras comunidades. Creo que solo nos superan Madrid y Cataluña porque su población es muy superior.

- Con tanta legislación, ¿es fácil que una empresa cometa un delito de este tipo sin quererlo?

-Es complicado porque el Código Penal ya tiene una serie de límites que hacen complicado que no sea de manera intencionada, que sea imprudente, porque exige que haya un beneficio directo o indirecto para la empresa. En la práctica tienen que ser conductas intencionadas de los administradores o de los empleados.

- ¿Qué se podría mejorar para destapar más delitos de este tipo?

-Como siempre, destinar más medios y una cosa que se ha hecho aquí en Galicia, como asignar fiscales solo para este tipo de delitos, no tener que compactarlo con alcoholemias, peleas en bares y cosas así. Ahora mismo estamos con un proyecto para lanzar la Fiscalía Anticorrupción tanto en A Coruña como en Pontevedra y el gran límite o enfrentamiento que tenemos es la reticencia que hubo hasta ahora. Ya veremos con la nueva fiscal general.

- ¿Qué tipo de tramas o en qué sectores se descubren más delitos económicos?

-Los tres grandes sectores hasta el momento han sido el del hierro y acero, el sector textil y en el ámbito de la electricidad.

- A nivel mediático también suenan mucho los fraudes relacionados con el gasóleo?

-La Agencia Tributaria es muy competente en esta materia y ha levantado muchísimas causas sobre defraudaciones del impuesto especial de hidrocarburos.

- En el sector servicios se habla mucho del fraude por doble contabilidad?

-En general el empresario que se decide a delinquir suele hacerlo a través de una caja B. Hace un par de años descubrimos una contabilidad B de más de 1,3 millones de euros de una empresa de depuración de marisco. De cuando en cuando salen operaciones de este tipo, pero para investigarlo bien hacen falta más inspectores de Hacienda que se quieran dedicar a las grandes defraudaciones, en vez de a perseguir a la gente por 15 euros, más fiscales, más guardias civiles, policías nacionales? Al final es todo, si se quiere de verdad perseguir esto y se dedican en consonancia medios o se quiere seguir a por el robagallinas.

- ¿Sería la forma de que las empresas y personas se lo pensasen antes de cometer este tipo de delitos?

-No se puede aflojar la presa respecto al delincuente de baja estofa, pero eso no quiere decir que no haya que destinar medios, y son muy ingentes, porque son tramas muy complicadas, para la gran delincuencia económica. Lo que más hace falta es personal, para hacer frente a las grandes y complejas tramas de defraudación.

- Ahora que estamos con la revolución digital, ¿las nuevas tecnologías se han convertido más en un arma para delinquir o en un arma para luchar contra los delitos económicos?

-Ambas cosas. Las fuerzas del orden público las pueden utilizar desde la perspectiva del big data para análisis a gran escala de datos financieros, que de otra manera sería imposible, pero también se puede blanquear dinero a través de criptomonedas que antes no existían, algo que es muy difícil de perseguir.

- Sobre procesos concursales, da la sensación de que muy pocos acaban siendo declarados culpables. ¿Es así?

-Es una perspectiva errónea. Habría que ver las estadísticas, pero creo que tanto los administradores concursales como los jueces de lo Mercantil están haciendo un gran trabajo, envidiable desde la perspectiva de otras jurisdicciones. La Mercantil funciona mejor que otras jurisdicciones.

- Pues la sensación es que muchos gestores o empresarios que llevan a la quiebra a sus sociedades no pagan, no van a prisión?

-Hace diez años era impensable también que una Infanta fuese a juicio, que un exministro, como ayer se ratificó la condena de [Rodrigo] Rato, acabe en prisión, o como le ocurrió a Jaume Matas no hace mucho. No hay que olvidar que esas cosas hace 10 años no ocurrían en España y ahora con las nuevas tecnologías (Twitter, la prensa online, etc.) es mucho más fácil enterarnos de las cosas y la gente, con esa inmediatez, quiere esa respuesta inmediata, pero desgraciadamente los tiempos judiciales no están amoldados a ello.

- ¿El caso de Rodrigo Rato es un ejemplo de que hace unos años había demasiada sensación de impunidad?

-Sí. Las empresas eran el cortijo de quién era el administrador de las mismas y eso evidentemente ha cambiado. Todos los estados occidentales estamos yendo en la línea de lo que tiene que ver con políticas de autotutela de las empresas, no estar siempre a resultas de lo que pase en órganos judiciales sino que las propias empresas se autogestionen de una manera correcta para evitar la imposición de multas, la disolución o alguna de las otras penas previstas en el Código Penal.

- Estos casos muy mediáticos, ¿tapan otros más pequeños que, todos juntos, hacen más daño a las arcas públicas?

-Hay fraude a todo tipo de escalas. Desde gente que sustrae colonias de bajo precio en una tienda de cosméticos a otra que atraca bancos. La Administración del Estado debe estar preparada para luchar contra todos los tipos de delincuencia.

- ¿Y esa lucha es por igual, sin distinciones entre un ciudadano de a pie y grandes firmas o empresarios?

-Hay de todo, pero el problema fundamental es que lo que le parece injusto al ciudadano es que la sustracción fácil, la del que roba en la tienda de cosméticos, va a tener un juicio casi de forma inmediata. Pero hay cierta desinformación en este sentido de qué pasa o deja de pasar en los grandes asuntos. Cualquiera se pone a hablar de lo que pasa en una empresa, pero hay que conocerla bien por dentro, ver los informes de auditoría, etc., etc., que no los entiende cualquiera. La gente se queda con las conclusiones más parciales, pero es una delincuencia sumamente compleja.

- Por lo que es normal que se dilaten los plazos?

-Claro. Y eso que se están reduciendo mucho. He visto casos de delitos fiscales de 1996 enjuiciados en 2016 y ahora ya hay cosas que en dos o tres años se enjuician. No todas las que deberían, pero los plazos se están acortando bastante y es fundamentalmente por la especialización de la Fiscalía que empezó a operar en 2008-2009.

- Justo coincidiendo con la crisis. Será casualidad, ¿no?

-Sí. El fiscal general en ese momento, [Cándido] Conde-Pumpido, apostó fuerte porque se empezaran a crear unidades de especialización para dar un mejor tratamiento a determinados asuntos, como puede ser la violencia de género, y eso ha ayudado mucho.

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