El exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, tendrá que ingresar en prisión antes del día 26 para cumplir la condena de cuatro años y seis meses que le fue impuesta por un delito de apropiación indebida en el uso de tarjetas corporativas de Caja Madrid y Bankia (opacas al Fisco) para costear gastos privados discrecionales.
En la misma situación se hallan otros trece condenados a penas superiores a dos años, entre los que figuran exconsejeros y exdirectivos de la entidad por designación de partidos (PP, PSOE e IU) y sindicatos (UGT y CCOO), caso del exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, a quien se le impuso una pena de tres años y dos meses. La orden de ingreso en prisión les será comunicada a todos ellos mañana por el tribunal y a partir de ahí dispondrán de un plazo de diez días, a contar desde el lunes, para presentarse en un centro penitenciario. De no hacerlo, se dictaría una orden de búsqueda y captura. Algunos medios especularon ayer con la posibilidad de que Rato ingrese de forma inminente en prisión de manera voluntaria.
En el juicio por el uso indebido de tarjetas de crédito opacas para la Agencia Tributaria y cuyos cargos eran costeados por Caja Madrid y Bankia fueron procesadas 65 personas -una falleció antes de ser juzgada-. La sentencia de la Audiencia Nacional impuso diversas penas privativas de libertad para los 64 directivos y consejeros juzgados. Uno de ellos, Miguel Blesa, antecesor de Rato en la Presidencia de Caja Madrid, se suicidó el año pasado tras habérsele impuesto la pena más elevada: seis años. El Supremo ratificó hace una semana las condenas a los 63 procesados supervivientes, entre ellos políticos, sindicalistas y empresarios.
