Las centrales térmicas clásicas, alimentadas por carbón, "difícilmente llegarán" a 2028, según avanzó ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La responsable gubernamental sostuvo que esta previsión emana de "un marco comunitario" que le viene "dado" al Ejecutivo español y expresó su preocupación por "la falta de anticipación" de las comarcas donde están emplazadas estas instalaciones de generación eléctrica para buscar alternativas. El mandato europeo exige, recordó, que las centrales cumplan determinadas obligaciones ambientales y, en caso contrario, a que sean clausuradas.
El anuncio de la ministra, hecho público en un acto organizado en Madrid por el foro Nueva Economía, anticipa los planes del Gobierno y por dónde parece que irá la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética que, junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se desvelarán antes de fin de año. Ambos textos pretenden cumplir con los objetivos europeos para 2030 y 2050.
En julio Ribera había dado por seguro el cierre en 2020 de siete de las quince térmicas españolas: todas las que no hubiesen hecho inversiones en desnitrificación. Las afectadas, en principio, serían las de Anllares (León), de Naturgy; Aboño I (Asturias), de EDP; Lada (Langreo) y Velilla del Río Carrión (Palencia), de Iberdrola; y posiblemente Soto de la Barca (Tineo), de Naturgy; y Andorra (Teruel) y Compostilla (León), de Endesa, mientras que persiste la duda sobre La Pereda (Mieres), de Hunosa.
Si se generalizasen los cierres antes de 2028, como sugirió Ribera, la decisión podría impactar en As Pontes y Meirama (A Coruña), en otra planta de EDP y la de Soto de Ribera en Asturias, Alcudia (Mallorca), Puente Nuevo (Córdoba), Carboneras (Almería) y Los Barros (Cádiz). El área más afectada será el noroeste español, con diez de las quince instalaciones cuestionadas.
La previsión de cierre en el entorno de 2028 de todas las térmicas de carbón coincide con la recomendación que había hecho en abril la comisión técnica, integrada por catorce expertos, que designó el Gobierno de Mariano Rajoy para abordar el desafío del cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este grupo de especialistas propuso entonces el cierre de todas las plantas de carbón en 2030, con alguna salvedad para el abastecimiento a la industria.
