Hace mucho tiempo que el negocio financiero no se enfrentaba a una deliberación tan trascendental como la que arranca hoy en el seno del Tribunal Supremo. Más importante, incluso, que cuando se declararon nulas las polémicas cláusulas suelo. Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo deberán decidir si la banca debe asumir el pago del principal impuesto de las hipotecas como sentenció hace un par de semanas una de las secciones de la Sala Tercera o si se mantiene la jurisprudencia anterior que obliga al comprador a hacerse cargo del tributo. ¿Se conocerá ya en esta jornada la resolución que podría desencadenar en una devolución multimillonaria a los hipotecados? No está claro.

El debate, según fuentes de la Sala, se prevé intenso y es muy probable que la discusión se extienda hasta la tarde e, incluso, exigir la convocatoria de una nueva sesión para mañana. Se deliberarán en concreto tres recursos, los tres planteados por la misma parte -la empresa municipal de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)- que recurrió y obtuvo las sentencias firmes que modificaron la jurisprudencia hasta ahora existente, con los clientes como sujeto pasivo de Actos Jurídicos Documentados, un gravamen de gestión autonómica que se sitúa en Galicia entre el 0,5% y el 1,5% del valor de la vivienda en función del tipo de declarante. El desembolso ronda, de media, los 1.500 euros para un crédito de 150.000 euros.

Los ponentes de los recursos que se llevarán al Pleno serán el presidente de la Sección especializada en tributos que dictó las polémicas sentencias, Nicolás Maurandi (de dos de ellos) y Francisco José Navarro Sanchís, quienes previsiblemente propondrán que el Tribunal falle en el mismo sentido en el que se ha hecho anteriormente en las tres resoluciones ya notificadas y que son firmes -no se tocarán diga lo que diga el Pleno de hoy-, es decir, que corresponde a las entidades bancarias el pago del impuesto.

La decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo, de dejar en el aire la aplicación práctica de la nueva jurisprudencia justo el día después de conocerse el fallo y con la banca perdiendo más de 5.000 millones de euros de su valor en Bolsa fue muy cuestionada. El traslado del delicado asunto do otro semejante con anterioridad fue respaldado por la sala especial integrada por magistrados de todas las jurisdicciones por "no es manifestación de irregularidad alguna" y en una cadena de asuntos de características similares "nada impide que tal avocación a Pleno tenga lugar una vez ya resueltos alguno o varios de los procedimientos para que (...) se pueda plantear de nuevo la cuestión en otros asuntos semejantes en el futuro".

A la espera de lo que finalmente falle el Pleno, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, adelantó tras conocerse el cambio de criterio y antes de la paralización del día siguiente que el derecho del consumidor era claro. Por vía administrativa la devolución estaría reservada a los cuatro últimos años, con una media de declaraciones de entre 19.000 y 20.000. Habría unos 80.000 afectados en la comunidad. La recaudación de AJD rondó los 299 millones, aunque incluye más conceptos que las hipotecas.