El Gobierno de Pedro Sánchez rescató el Ministerio de Industria y, casualidad o no, desde entonces no han dejado de estallar conflictos laborales propiciados por la decisión de compañías multinacionales de cerrar sus fábricas en España. En Galicia la atención se ha centrado en la estadounidense Alcoa, que decidió clausurar sus plantas de aluminio primario de A Coruña y Avilés (Asturias), pero antes fue la danesa Vestas la que anunció el cierre de su planta de componentes eólicos en Villadangos del Páramo, en León, y después fue la mexicana Cemex la que comunicó que iba a prescindir de las factorías cementeras de Lloseta, en Baleares, y Gádor, en Almería. Ahora la ministra Reyes Maroto busca alternativas para más de 1.200 trabajadores afectados por estos cierres, con fuertes impactos en esas zonas.
Maroto enmarca esas decisiones de cierre dentro de los "fenómenos de la globalización" y limita su capacidad de influencia a la búsqueda de alternativas. "No podemos evitar esos cierres, pero sí estamos en condiciones de trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas y los sindicatos para definir escenarios alternativos y dar continuidad a estas plantas con otras empresas que o bien estén interesadas en mantener la producción o bien estén interesadas en darles una salida industrial distinta", señaló Reyes Maroto en una entrevista reciente en Radio Nacional de España.
Las tres situaciones
La salida industrial distinta parece que es la de la factoría de Vestas, donde surgió un inversor -que las administraciones no revelaron- dispuesto a hacerse con la fábrica de componentes eólicos con 362 operarios.
En el caso de Cemex están en juego 198 empleos directos (104 en Lloseta y 95 en Gádor). Mientras, en Alcoa la pérdida de empleos sería de 681 en caso de cierre (369 en A Coruña y 317 en Avilés).
La cuestión energética es el nexo que une a las tres clausuras anunciadas por Vestas, Alcoa y Cemex. La primera alega pérdida de viabilidad por la caída de la demanda de aerogeneradores de 2 megavatios (MW), lo que se suma a su intención de trasladar producción a países con mercados más atractivos como Argentina, China, India o Brasil.
Por su parte Cemex vincula el cierre de dos de sus siete plantas cementeras en España al mayor precio de la electricidad y al endurecimiento de los derechos de emisión de CO2.
Mientras, Alcoa lleva años alertando de que el precio de la electricidad restaba competitividad a sus plantas pese a que fue la compañía más beneficiada por el mecanismo de interrumpibilidad, que fija una retribución para las grandes industrias electrointensivas (en el caso de Alcoa más de 1.000 millones de euros en la última década) a cambio de estar disponibles para desconectarse de la red en el caso que se necesite por cuestiones técnicas o económicas. Alcoa es la compañía que más electricidad consume de España debido al proceso de electrólisis necesario para fabricar el aluminio.
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ya alertó también de que la subida de precios de la electricidad pone en peligro la continuidad de más industrias.
