08 de noviembre de 2018
08.11.2018

Una juez gallega obvia la deliberación del Supremo y falla a favor del cliente

08.11.2018 | 01:41

Los días 16, 22 y 23 de octubre el Tribunal Supremo dio, en tres fallos distintos, un giro radical en su doctrina y determinó que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) debe correr a cargo de la entidad financiera y no del cliente. Sentencias que pusieron en jaque a las haciendas autonómicas, a la banca y al propio Alto Tribunal, que el pasado martes decidió tumbar los pronunciamientos previos de la Sala Tercera en una pirueta sin precedentes. Dos días (15 horas) tardó el pleno en adoptar su decisión, por 15 votos frente a 13. Y, mientras duraba la deliberación, un juzgado de Primera Instancia de Vigo daba también la razón al hipotecado: el único interesado en elevar a escritura pública una hipoteca es el banco. Se trata de una sentencia de la sexta sala de Primera Instancia que determina que el sujeto pasivo de dicho impuesto "es el acreedor hipotecario".

Se trata -recuerda el letrado Pablo Abalo Ibarlucea, del despacho Martínez Barros- de la misma magistrada que, en marzo de 2016, se desmarcó también de la doctrina jurisprudencial del Supremo y decretó la nulidad de una cláusula suelo con retroactividad plena. Entonces no se había pronunciado todavía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Justicia española había decidido aplicar la retroactividad con efectos del 9 de mayo de 2013. La juez María de la Luz Álvarez Lagarón ha vuelto ha optar por el mismo criterio.

"La cuestión del obligado tributario del impuesto de AJD en los préstamos hipotecarios fue resuelta por la Sala Tercera del Supremo", ahora reprobada, "que ha declarado que el sujeto pasivo es el acreedor hipotecario". "Procede -continúa la sentencia, dictada el martes- declarar la nulidad por abusiva de tal estipulación [...] y condenar a la demandada la devolución de 763,95 euros, más el interés legal del dinero desde la fecha de su abono hasta la presente resolución". El contrato hipotecario se firmó, en este caso, en abril de 2006. "No nos han dado la razón con el IRPH [el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios], pero sí en los demás importes", agrega Abalo Ibarlucea. Pero, además del reembolso del AJD, la sala también atendió la demanda del cliente respecto al pago de los aranceles notariales -"habiendo sido la demandada (entidad financiera) quien ha requerido los servicios del notario, le corresponde la obligación de pago"-, los aranceles registrales y los gastos de gestoría. En total, la juez dictó que la entidad deberá restituir 1.676 euros. Eso sí, la nueva -y polémica- doctrina del Supremo propiciará un recurso de la prestamista en la Audiencia, que deberá atender ya el nuevo criterio del Alto Tribunal.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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