Alcoa se sentó ayer, por primera vez, con el Gobierno en la mesa tripartita con la que políticos y sindicatos pretende buscar una solución para las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias) en caso de que la multinacional estadounidense eche definitivamente el cierre. La multinacional al se avino a participar, tras reiteradas convocatorias y ausencias en las últimas semanas, y una vez reducido el número de participantes. Ya no están en ella miembros de los dos gobiernos autonómicos (la Xunta y el Principado) ni locales (los ayuntamientos de A Coruña y de Avilés).
Fuentes ministeriales se limitaron a apuntar que se trata de un encuentro más "de las muchas reuniones que se celebran a diario para ayudar a resolver los problemas de algunas industrias y comarcas, como se ha logrado con el caso de Vestas" [el Ejecutivo propició la venta de la planta de León de aerogeneradores para mantener los 370 empleos directos]. La compañía, por su parte, incidió en que se trata de "un canal de comunicación con el Ministerio de Industria y los representantes de las federaciones de industria de los sindicatos mayoritarios" y pidió discreción "en favor de la pura eficiencia de las conversaciones". Alcoa también sostiene que, "independientemente, mantiene una comunicación fluida con las distintas instituciones implicadas en los diferentes niveles y ámbitos".
Los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que Alcoa tramita para clausurar las fábricas de aluminio de A Coruña (con 367 empleos directos) y Avilés (317 efectivos) valoran que la aluminera acceda ahora a dialogar con el Gobierno y los sindicatos pero piden que las conversaciones no se queden en una mera puesta en escena.
El presidente del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en A Grela, Juan Carlos López Corbacho, instó ayer al Gobierno a "pasar a la acción" una vez que la empresa ratificó, en el encuentro de negociación del ERE del martes, su decisión de mantener el expediente de despido colectivo. La plantilla coruñesa sostiene que el proceso es "nulo" y que, en todo caso, de llevarse a cabo la regulación debe haber una negociación para cada fábrica dado que pertenecen a empresas filiales distintas. Los trabajadores piden tiempo a la empresa para poder "negociar sin presión" y "que la mesa estatal -constituida ayer por primera vez con representantes de Gobierno, empresa y sindicatos- busque alternativas de un comprador", explicó Corbacho.
Ante la negativa de la empresa a levantar el expediente de extinción, el presidente del comité coruñés asegura que solo hay dos formas de parar el ERE: "o que la empresa lo retire o que el Gobierno intervenga". "Que tome cartas en el asunto porque no está presionando a la empresa como debe", reclamó ayer Corbacho en relación al posicionamiento del Ejecutivo central.
Los sindicatos estatales mayoritarios valoraron la constitución definitiva de la mesa, aunque CCOO afeó que vayan a participar "como invitados". "Queremos estar ahí como miembros de pleno derecho", defendió Comisiones.
Puja de primas eléctricas
Red Eléctrica de España comunicó ayer el número de bloques que se subastarán en la puja de interrumpibilidad que se celebrará a partir del lunes en Madrid, y en la que participarán firmas electrointensivas como Alcoa o Ferroatlántica. Saldrán a subasta 352 bloques de 5 megavatios y 21 de 40 megavatios (MW), los que más interesan a Alcoa dado su elevado consumo eléctrico. Son cuatro bloques menos de 40 MW que en la anterior convocatoria, lo que ha hecho saltar las alarmas en entre los trabajadores. "Con esa reducción de bloques no solo peligran Avilés y A Coruña, también San Cibrao. No están haciendo absolutamente nada, se quieren cargar la industria electrointensiva", protestó el presidente del comité asturiano, José Manuel Gómez de la Uz.
