13 de diciembre de 2018
13.12.2018
Golpe a la industria coruñesa La lucha contra el cierre

La auditora del comité europeo visita la planta coruñesa para hacer su contrainforme

Los trabajadores, que se reúnen de nuevo en Madrid con la empresa, rebaten los argumentos del cierre - Industria achaca a la UE su incapacidad para intervenir

13.12.2018 | 01:48
Trabajadores de Alcoa a la entrada de la fábrica de A Coruña.

La empresa auditora contratada por el comité europeo de los trabajadores de Alcoa (el Eurofórum) visita esta semana la fábrica de aluminio del polígono de A Grela para comprobar el estado de sus instalaciones y su funcionamiento de cara a la elaboración del contrainforme con el que la plantilla piensa rebatir los argumentos de la multinacional para cerrar las plantas de A Coruña (con 369 empleos) y Avilés (con 317). El presidente del comité de empresa de la fábrica coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, confía en que el documento esté listo en pocos días para defender la continuidad de los casi 700 puestos de trabajo en una de las reuniones a las que, como hoy, los representantes de la plantilla están convocados en Madrid. En ellas negocian un expediente de extinción que por el momento la empresa se niega a levantar de la mesa a pesar de que está abierta, según asegura, a valorar alternativas al cierre.

Los trabajadores rechazan la obsolescencia de las dos factorías y las pérdidas de casi 100 millones de euros en dos años entre ambas -argumentos principales de la aluminera- como justificación para el cierre. Insisten, por el contrario, en que las plantas de A Coruña y Avilés son competitivas y rentables y que la decisión de clausurarlas responde a una estrategia de la multinacional ajena a su funcionamiento. Así esperan demostrarlo los sindicatos en el contrainforme encargado por el comité europeo, mientras esperan a que su lucha y la presión del Gobierno eviten los despidos antes de que Alcoa complete la tramitación del ERE (expediente de regulación de empleo).

El Eurofórum representa a las plantillas de las fábricas de aluminio de Alcoa en Europa: tres en España (A Coruña, Avilés y San Cibrao), dos en Noruega y una en Islandia. Este grupo transnacional trabaja junto con los comités coruñés y avilesino para salvar la producción de las dos plantas españolas amenazadas de cierre.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, argumentó ayer que la Unión Europea "restringe los términos y las posibilidades" del Gobierno para intervenir en industrias amenazadas de cierre, como Alcoa, pese a estar reconocido este derecho en la Constitución. El comité coruñés solicito que se aplique el artículo 128, que prevé la "intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general". Ante la exigencia de Unidos Podemos de garantizar los puestos de trabajo y la actividad en estas plantas durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Maroto señaló que el 128 "ha quedado limitado como consecuencia del derecho de la Unión Europea". Asimismo, se preguntó, en virtud de ese derecho a intervenir, en qué empresa debería actuar "de todas las crisis industriales". "La intervención pública no está exenta de límites y tiene que someterse también a normas constitucionales sobre la base de los principios de eficacia, de equidad y de estabilidad presupuestaria", subrayó.

Por otro lado, Maroto aseguró que el Gobierno "está plenamente comprometido" con una "política industrial activa" y que su "prioridad" pasa por "reindustrializar este país, mejorar la productividad de la economía y contribuir al incremento del empleo de calidad" y destacó el recién aprobado programa con medidas dirigidas a las industrias electrointensivas y ayudas a cambio de mantener durante tres años el empleo en las plantas. La titular de Industria insistió en que el Gobierno está "trabajando con discreción" para evitar los cierres de Alcoa.

En la misma línea, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, manifestó que el Ejecutivo central "está trabajando para conseguir un acuerdo" que garantice el futuro de las plantas de Alcoa. Sobre el estatuto, Losada culpó al PP de que, durante su etapa de gobierno en España, no adoptase una iniciativa de este tipo. "Si el PP hubiera elaborado un estatuto, estas medidas estarían en vigor", argumentó el delegado.

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