Toda la presión es para el Gobierno central cuando faltan tres días para el cierre de las negociaciones entre Alcoa y los representantes de los trabajadores de las factorías de A Coruña y Avilés. Las propuestas de la empresa y los trabajadores están encima de la mesa y lo único en que están de acuerdo las partes, la Xunta y los diferentes líderes políticos que se pronunciaron ayer es que el Ejecutivo tiene la última decisión sobre las plantas.

La multinacional plantea despedir a 486 trabajadores de los 686 que integran las plantillas de las dos fábricas, mantener a 200 y continuar con las fundiciones mientras se busca un inversor antes del 30 de junio. El comité de empresa, por su parte, pretende que Alcoa analice el impacto económico del cierre de las dos plantas, provisione dicha cuantía al Gobierno y ceda la titularidad de las dos plantas a las Administraciones central y autonómica. "No pedimos una nacionalización, solicitamos que el Gobierno asuma la gestión de las fábricas para buscar un proyecto ilusionante y crear un marco estatutario acorde a las necesidades de la industria electrointensiva", explicó ayer José Carlos López Corbacho, presidente del comité de A Coruña.

Así, los trabajadores reclaman al Gobierno la intervención de las plantas en base al artículo 128.2 de la Constitución Española para "tutelar" su gestión mientras no encuentran a un comprador.

El Gobierno, a través de la Secretaría General de Industria, señaló ayer que no prevé nacionalizar las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés por considerarlas contrarias a la normativa comunitaria. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, también insitió en esta tesis. "El Gobierno no contempla soluciones contrarias a la normativa europea, como sería la nacionalización de las plantas", afirmó ayer tras detacar que el objetivo es "garantizar los puestos de trabajo y las capacidades industriales de Alcoa en Avilés y A Coruña".

En este sentido, Yolanda Díaz, diputada del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Marea, aseguró que "se puede hacer una intervención parcial con capital público o total" y que "en el caso de Alcoa no habría ningún problema".

El debate está abierto y ayer el presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho, estaba más molesto con el Ministerio de Industria que con la propia empresa. De hecho, acusó al Gobierno central de "echarnos a los leones" al no informar del plan de la dirección de mantener su actividad hasta que aparezca un inversor a costa de despedir a dos tercios de la plantilla, mientras la Xunta "mira para otro lado".

"Es indignante que una hora antes de que Alcoa nos trasladase la propuesta estuviéramos reunidos en el Ministerio de Industria y no se nos dijera nada a pesar de que las administraciones la conocían y la habían aprobado", denunció.

El representante de los trabajadores calificó de "tensa" la reunión de anteayer con la empresa, en la que se le presentó la contraoferta de cesión de las plantas al Gobierno. La respuesta de Alcoa "no fue un no", sino que los directivos "aseguraron que estarían dispuestos a estudiar esta solución como alternativa", señaló Corbacho.

"Alcoa está dispuesta a escuchar alternativas siempre que propongamos un plan social y medidas que no impliquen más coste para ellos; eso es posible si cede la gestión al Gobierno, la empresa sólo necesita a alguien dispuesto a recibirla y asumir el control de las fábricas", apuntó.

"Estamos cansados, pero no de luchar, sino de escuchar buenas palabras y declaraciones institucionales y que después no se hagan las cosas", dijo. Corbacho también recordó que solicitó reuniones con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y con el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, y que no le reciben.

El propio Conde aseguró ayer que la Xunta teme que la situación que está atravesando Alcoa pueda tener un "efecto dominó" en otras empresas electrointensivas de Galicia si el Gobierno central no establece un precio competitivo.

Durante un acto celebrado ayer en Vigo, el conselleiro recordó que en Galicia hay más de 5.000 puestos de trabajo que dependen de este sector. Conde indicó que la solución al problema de Alcoa pasa por que se establezca un marco eléctrico estable que garantice a estas empresas un precio competitivo para poder competir en igualdad de condiciones. "El Gobierno no ha hecho los deberes y no hay establecido ese marco desde el punto de vista eléctrico", subrayó Conde.

Además, el conselleiro también criticó a los responsables de Alcoa por no dar "márgenes para ampliar ese margen de negociación del ERE". En este sentido se pronunció el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, que aseguró ayer que "ni Alcoa ni el Gobierno hicieron sus deberes" para evitar el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. El líder del PP a nivel nacional, Pablo Casado, indicó que Asturias "añora los tiempos gloriosos y que solo protagoniza páginas de malas noticias, como se ve en Alcoa o Arcelor".

La líder del BNG, Ana Pontón, anunció ayer que pedirá la celebración de una reunión plenaria extraordinaria del Parlamento de Galicia la próxima semana en la que comparezca el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que "salga de su silencio sobre la situación de Alcoa".

"No tiramos la toalla, tenemos que hacer presión política para cambiar el rumbo al que nos está conduciendo", señaló. La portavoz de la formación nacionalista gallega calificó de "inasumible" la propuesta de Alcoa, que pretende "hacernos pasar por tontos" y supone "una navajada por la espalda a A Coruña, Galicia y al futuro de nuestro país".

El sindicato COOO, por su parte, rechazó ayer los despidos de 486 trabajadores mediante planes de prejubilación e indemnización, al considerar que no ofrece "ninguna salida" a estos trabajadores.

Por otra parte, el comité de empresa de Alcoa Avilés ha convocado para este sábado una marcha en defensa de las plantas a la que se sumarán los trabajadores coruñeses en dos autobuses. Los trabajadores asturianos participarán también en la manifestación convocada para este domingo en A Coruña, con salida a las 12.00 desde la plaza de A Palloza hasta la sede de la Delegación del Gobierno.