La historia y la trascendencia económica de la fábrica de aluminio primario de A Grela va más allá de Alcoa, su actual propietaria y responsable de la decisión de cerrar la planta y despedir a sus 369 trabajadores directos. La multinacional estadounidense ha controlado la factoría en los últimos 20 años, pero Aluminios -como se ha conocido popularmente- ha cumplido ya los 59. La planta nació como Aluminio de Galicia para luego pasar a manos públicas (Inespal) y después, de nuevo privadas. Sus trabajadores, muchos de ellos hijos o nietos de otros ya retirados, se niegan a que la compañía con sede en Pittsburgh decrete la muerte de una de las instalaciones industriales más emblemáticas de A Coruña.
E1960. El nacimiento de la empresa Aluminio de Galicia. El 9 de septiembre de 1960 inició su actividad en el polígono de A Grela Aluminio de Galicia, una fábrica que en aquella época llamaba la atención por sus larguísimas naves para la producción de los preciados lingotes de metal. La empresa se asoció con el grupo francés Pechiney hasta el año 1985 y fue uno de los emblemas del progreso económico de A Coruña junto con la refinería de Petrolíber (Repsol).
E1985. La nacionalización: integración en Inespal. El Gobierno de Felipe González nacionaliza la fábrica en 1985 y la integró en la empresa pública Industria Española del Aluminio (Inespal) junto con las plantas de Avilés y San Cibrao, en Cervo (Lugo) -que ya estaba en manos públicas, bajo la firma Endasa-.
E1998. La privatización: venta a Alumium Company of America. La fábrica aluminera de A Coruña y otras ocho plantas de Inespal pasan a manos privadas en 1998, durante la privatización del sector público empresarial ejecutada por el Gobierno de José María Aznar. La multinacional Aluminum Company of America (Alcoa), que era líder mundial en la industrial de aluminio, se quedó con todas las factoría de Inespal salvo las de las filiales y Inespal Conversión y Ferroperfil. Las nueve que asumió estaban situadas en A Coruña, Arteixo -la desaparecida Perfialsa-, dos en San Cibrao -una de aluminio primario y otra de alúmina-, Avilés (Asturias), Noblejas (Toledo), Amorebieta (Vizcaya), Sabiñániño (Huesca) y Alicante. De esta forma Alcoa pasó a operar once centros en España, ya que poseía ya una fábrica de extrusión en Valls (Tarragona) y sumó otra en Sabiñánigo (Navarra) que compró a la noruega Norsk Hydro. Alcoa se adjudicó el lote de nueve plantas (el 77,7% de Inespal) por 63.450 millones de pesetas (381 millones de euros), de los que solo quedaron 19.000 millones de pesetas (114 millones de euros) para el Estado, después de enjugar la deuda, comprar acciones a minoritarios y reponer pasivos a corto.
El entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, admitió en aquel momento que la operación fue deficitaria para el Estado, ya que desde 1990 Inespal había recibido más de 99.000 millones de pesetas (595 millones de euros) de fondos públicos para afrontar pérdidas -unos 75.000 millones de pesetas (451 millones de euros) en sus últimos años en manos públicas- e inversiones.
ELa desinversión: Alcoa se deshace de cinco fábricas en España. En los veinte años que la multinacional estadounidense lleva gestionando las antiguas fábricas de Inespal, ha cerrado cinco de nueve y actualmente tramita un ERE (expediente de regulación de empleo) para cerrar dos de las cuatro que le quedan (A Coruña y Avilés) de manera que solo planea mantener la actividad, por ahora, en las dos plantas de San Cibrao (una de alúmina, la más rentable, y otra de aluminio primario, más grande que la coruñesa y la avilesina). La que tenía en Arteixo, Perfialsa, cerró en 2015 con el despido de 70 trabajadores. Estaba en manos de Sapa, con quien Alcoa hizo una sociedad mixta que después pasaría al 100% a manos del grupo noruego dedicado a la extrusión de aluminio. La factoría de Noblejas corrió la misma suerte, traspasada a Sapa y luego clausurada. La multinacional también vendió al mismo grupo la planta de Irutzun y la de Tarragona (estas no provenían de Inespal). La de Sabiñánigo fue traspasada al fondo de inversión alemán Bavaria, entró en crisis y acabó en liquidación. El grupo español Alibérico, que ha mostrado interés por hacerse ahora con las plantas de A Coruña y Avilés, compró entonces los activos y reabrió la factoría oscense, en la que aún hoy sigue produciendo. Por su parte, las factorías de aluminio laminado (Alicante y Amorebieta) fueron vendidas en 2014 a Atlas Holding, un grupo americano especializado en comprar negocios en dificultades.
ELa ayuda pública: 15 años de energía subvencionada por la SEPI. La cláusula más beneficiosa para Alcoa del acuerdo de venta de Inespal fue la referente al recibo de la luz, un punto crucial teniendo en cuenta que la electricidad supone el 40% de los costes de producción de las fábricas de aluminio. El Estado concedió a la multinacional el derecho a recibir una contraprestación de la SEPI por el incremento del precio de la energía durante los 15 años siguientes al traspaso, hasta un tope equivalente al precio de la venta de Inespal . La SEPI abonó los 381 millones de euros a Alcoa antes de cumplirse el plazo (concluía en 2013) de la medida de gracia, de forma que Alcoa recuperó en ayudas eléctricas el 100% de lo que había invertido en comprar las fábricas al Estado.
ELas ganancias: 1.500 millones por A Coruña y Avilés en 13 años. A Coruña y Avilés proporcionaron a Alcoa un beneficio de 1.492 millones de euros entre 1998 y 2011. En estos 13 años las cuentas eran conjuntas y los números salían, lo que no impidió una política laboral restrictiva en ocasiones. En 2011 la firma obtuvo 406 millones por ambas plantas y al año siguiente presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal -de doce meses- ante "la previsión de pérdidas y la reducción de la producción mundial".
E2014. Primera amenaza de cierre. A finales de 2014 llegó la primera amenaza seria de clausura. Alcoa anunció despidos colectivos en A Coruña y Avilés que abocaban al cierre de las dos plantas. La firma alegaba que el alza de costes por la tarifa de la luz le impedía ser competitiva. Esa es la principal diferencia entre los anuncios de cierre de 2014 y de 2018. En el primero, la multinacional vinculaba la crisis al coste de la energía y, por tanto, dejaba una salida para evitarla: que el Gobierno le diese mayores ayudas eléctricas. Así lo hizo a través de una subasta de interrumpibilidad extraordinaria. En el segundo caso, la firma estadounidense no ha dejado ninguna salida, por lo que los protagonistas del conflicto apenas se han movido de sus posiciones iniciales, a pesar de la fuerte movilización social contra el cierre.
E2018. El anuncio de la clausura. El pasado 17 de octubre Alcoa anunció el cierre de sus plantas de A Coruña y Avilés y un ERE de extinción para sus casi 700 empleados directos (369 en A Grela y 317 en San Balandrán). El problema de la luz pasa a ser secundario y la firma achaca la decisión a que las factorías están obsoletas y generan pérdidas -en ese momento estimadas en cien millones de euros entre las dos planas en dos años-. La plantilla se rebela contra ese diagnóstico en defiende que las instalaciones son competitivas y que ha sido la propia multinacional quien las ha empujado a la situación actual por su falta de inversiones. El comité de empresa acusa a la compañía de utilizar los beneficios de A Coruña y Avilés para apostar por otras fábricas foráneas desde las que importan aluminio a España, en una práctica que ellos consideran "competencia desleal". "Alcoa quiere cerrar las plantas en España y quedarse con el mercado", concluye el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho.
ELa lucha sindical. En los casi tres meses que dura el conflicto de Alcoa, los trabajadores de A Coruña y Avilés no han parado de protestar en la calle y ante las instituciones para evitar la muerte anunciada. Por el momento, solo han conseguido ganar tiempo y alargar la negociación de un ERE que -ahora parece que sí definitivamente- concluye el martes. Alcoa se ha negado a retirar su plan y solo ha accedido a apagar la fábrica de forma ordenada para que si llega un comprador pueda reiniciarla. Los trabajadores no tiran la toalla, pero mientras la empresa mantiene el despido, el Gobierno descarta la intervención y el comprador no llega, el tiempo juega en su contra.
