Los miles de afectados por el cártel europeo de camiones, que entre 1997 y 2011 pactaron sobreprecios de entre el 15 y el 20% en el valor de los vehículos, salen hoy a las trincheras. Y lo harán con la interposición, solo en Galicia, de cerca de un millar de demandas en los juzgados de lo Mercantil. La ofensiva judicial se produce dos años y medio después de la multimillonaria sanción de la Comisión Europea a fabricantes tras probar que MAN, Volvo y Renault, Daimler, Iveco y DAF Trucks actuaron como un cártel, y tuvieron que pagar entonces 2.930 millones de euros por prácticas anticompetitivas. Ahora son los afectados por las mismas los que demandarán, a través del bufete de abogados Caamaño, Concheiro y Seoane (CCS), las indemnizaciones. En el caso gallego las reclamaciones ascenderán a unos 70 millones; en toda España los camioneros -los partícipes de esta causa- aspiran a recuperar más de 700 millones. Todas canalizaron a través de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que optó por el despacho gallego como representante legal.
CCS ha tramitado en la comunidad más de 900 expedientes procesales de cerca de 700 clientes (un mismo empresario puede haber adquirido vehículos de diferente marca, lo que implica más de un procedimiento judicial). Hasta octubre, el bufete sumaba a su plataforma más de 3.300 camiones afectados por los sobreprecios en Galicia. En toda España los demandantes que entrarán dentro de este macroproceso ascienden a unos 4.500 por la compra de casi 35.000 vehículos (durante esos 14 años en los que actuó la trama). Cada procedimiento será independiente (la legislación española complica la interposición de demandas colectivas), así que lo de hoy será una avalancha. El pasado diciembre el sector dio a conocer la primera sentencia condenatoria al cártel en España, en la que el Mercantil nº 1 de Murcia ordenó a Volvo Group España al pago de 128.757 euros más los intereses de demora por el sobreprecio pagado en la compra de cinco camiones en octubre del 2012. Según determinó la Comisión de Competencia, "la infracción consistió en acuerdos colusorios sobre la fijación de precios y los incrementos de los precios brutos de los camiones", tanto los considerados medios (de entre 6 y 16 toneladas) como pesados (de más de 16 toneladas).
