El Pleno del Congreso debe decidir esta semana si da tres meses a las entidades financieras para adaptarse a la nueva ley de crédito inmobiliario, y no los 30 días de plazo que contemplaba la reforma del sector hipotecario cuando fue aprobada por la Cámara Baja. Este es uno de los cambios sobre los que el Congreso tendrá que pronunciarse durante la votación de las enmiendas introducidas por el PP en la futura norma durante su tramitación en el Senado.
La enmienda supedita la entrada en vigor de todo lo referido a transparencia material a la aprobación de un desarrollo reglamentario que especifique los medios para remitir la documentación necesaria al notario. Así, si en tres meses desde su publicación no hubiera tal reglamento, no entrarían en vigor las normas de transparencia aprobadas en la nueva ley, entre ellas el nuevo reparto de los gastos que corresponde a cada parte, que el Congreso entró a regular tras conocerse la polémica decisión del Tribunal Supremo de atribuir primero al banco, y después al cliente, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Los populares también han introducido otros cambios como dejar en cero el tipo impositivo del IAJD, el conocido como impuesto hipotecario, y la regulación de un crédito verde para fomentar las inversiones de energía renovable en los edificios.
