El estatuto de la industria electrointensiva, que estaba llamado a ser el salvavidas de las plantas de Alcoa en venta (A Coruña y Avilés) se ha convertido en gasolina para el conflicto que mantiene la multinacional estadounidense en España. La compañía aluminera anunció ayer que alegará contra el borrador que el Gobierno hizo público el lunes y alerta de que esta propuesta de marco eléctrico industrial pone en riesgo la única fábrica del país en la que se sigue produciendo aluminio primario, la de San Cibrao (Cervo, Lugo). A pesar de que la planta lucense está fuera del ERE (expediente de regulación de empleo) que afecta a los 700 empleados de A Coruña y Avilés, sus cifras no son buenas. Las pérdidas de Alcoa en San Cibrao supera los nueve millones de euros al mes.
Fuentes sindicales reconocen que la fábrica de alúmina de Cervo no está consiguiendo compensar las pérdidas de la de aluminio primario. El máximo directivo de la multinacional estadounidense, Roy Harvey, dijo a principios de febrero que la compañía no se compromete a mantener en funcionamiento las plantas de aquellos países donde los precios de la energía son "inciertos". España, por ahora, sigue siendo uno de ellos.
El anuncio de una nueva subasta de interrumpibilidad (las pujas en las que las compañías se reparten compensaciones económicas a cambio de desenchufarse de la red en caso de necesidad) para cubrir el segundo semestre del año no ha calmado los ánimos. Al contrario, ha elevado aún más la incertidumbre.
La anterior, que se celebró en diciembre y que cubre este primer semestre del año, resultó una debacle para la gran industria. No solo complicó la ya de por sí delicada situación de Alcoa, ya con el cierre de A Coruña y Avilés sobre la mesa, sino que también desencadenó un ERE de dos años en Ferroatlántica, que afecta los 400 empleados de sus dos fábricas coruñesas. En la puja de diciembre, Alcoa logró 21 millones para sus tres plantas españolas (A Coruña, San Cibrao y Avilés), un 40% menos que en la anterior convocatoria.
El proyecto de Real Decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivo distingue entre dos tipos de usuarios: el electrointensivo y el hiperelectrointensivo en función de la energía que consumen respecto al valor añadido bruto de su producción. A cada uno de estos grupos se les impondrán unos derechos (un coste "aceptable" de la electricidad) y unas obligaciones relativas a la reducción de emisiones de dióxidos de carbono, innovación o una mayor eficiencia y ahorro. Queda descartada una de las demandas de la patronal, una tarifa especial para la industria, pero se pretende facilitar los contratos estables de energía a largo plazo (PPA) con suministradores.
La convocatoria de una nueva subasta ha generado aún más incertidumbre, tanto en la plantilla de Alcoa como entre los posibles inversores que han sido "tocados" para hacerse con las plantas de A Coruña y Avilés, según fuentes próximas a las negociaciones en marcha.
Texto "insuficiente e incierto"
Alcoa considera el borrador del decreto "insuficiente e incierto" para la industria del aluminio en España. Para la multinacional, el texto "no aporta la solución que la industria del aluminio primario necesaria en España para su sostenibilidad", ya que mantendría un "significativo diferencial" en el coste de energía respecto a los demás países competidores. Además, Alcoa considera que las medidas planteadas por el Gobierno son "inciertas", porque no ofrecen una garantía sobre la aplicación efectiva de la compensación de costes indirectos de dióxido de carbono (CO2).
Respecto a las plantas de A Coruña y Avilés, cuyo procedimiento de despidos está a la espera de la búsqueda de un nuevo inversor que se pueda hacer cargo de ellas antes de julio, Alcoa alega que las nuevas medidas incluidas en el borrador también amenazan el interés de posibles compradores. En su opinión, las medidas propuestas por el Gobierno "no solo dificultarán la venta de las operaciones de aluminio en Avilés y A Coruña, sino que pondrán en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Cibrao".
Alcoa espera que el Gobierno "tenga margen" y el texto final del Estatuto "aporte la solución que la industria del aluminio primario en España necesita.
Más del 30% del PIB de Lugo
Alcoa tiene dos plantas en San Cibrao, una de alúmina y una de aluminio primario, que aportan empleo fijo y de manera directa a unos 1.100 trabajadores y a 500 que forman parte de empresas auxiliares. El impacto económico de la actividad industrial del complejo de Alcoa y la economía que se genera en su entorno se estima representa más del 30% del PIB de la provincia de Lugo.
La planta de aluminio, propiedad 100% de Alcoa, tiene una capacidad de producción de 250.000 toneladas de aluminio primario que se obtiene mediante el proceso de electrolisis a partir de la alúmina. Es la última fábrica de aluminio primario de España tras la parada de A Coruña y Avilés. La planta lucense registró el pasado pérdidas de 48 millones de euros y la evolución en lo que va de ejercicio hace prever que los número rojos aumentarán este año, según fuentes de la compañía.
