La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sitúa a Galicia en el grupo intermedio de comunidades en el nivel de eficacia de sus políticas activas de empleo. En este estudio se incluyen indicadores que van del uno al cinco en el grado de efectividad, con base en diferentes parámetros cualitativos como cuánto se gasta, así como información a partir de entrevistas con desempleados. A la cabeza, destacan Asturias, Cataluña y Aragón (por encima del 4).

Después, en un grupo intermedio se encuentran 11 autonomías (entre el 2 y el 4 de nota), en donde está enmarcada Galicia (cuenta con una nota en torno al 3,5), si bien está entre las mejores situadas en este grupo junto a Navarra y Canarias.

Finalmente, en el grupo de cola en el desempeño de sus políticas de fomento del empleo se encuentran Castilla-La Mancha, Andalucía y Cantabria.

En el estudio relativo al año 2017, figura que Galicia cuenta con un crédito inicial de 165 millones de euros (ocupa el décimo lugar entre comunidades) para políticas activas de empleo, con un crédito definitivo de 238,6 millones, si bien el gasto ejecutado se queda en 114,5 millones (también en el décimo puesto).

El gasto total en oficinas en Galicia es de casi 27 millones de euros, el cuarto mayor del Estado. Es la segunda autonomía con mayor gasto por demandante de empleo (59,15 euros), casi 15 euros por encima de la media (44,59 euros). A la cabeza está el País Vasco (97,62 euros), mientras en el otro extremo está Castilla-La Mancha (21,25 euros).

También es la segunda autonomía por gasto por usuario de empleo (con 119 euros), por detrás del País Vasco (466 euros), que lidera de forma destacada en este ámbito. Además, Galicia es la comunidad que más gasto tiene en oficinas en personal en proporción al presupuesto que dedican para este fin. En la comunidad gallega hay 641 demandantes por cada empleado de oficina, la segunda cifra más baja de España. La media española es de 1.026. Son 8.263 demandantes por cada oficina en la comunidad (cuarto dato más bajo en el Estado).

El organismo apunta que con respecto al PIB, España tiene un gasto similar a otros países de la UE, pero si se tiene en cuenta el número de desempleados, este gasto se reduce "significativamente" y además presenta una estructura "muy sesgada" hacia los incentivos a la contratación.