El inversor elegido como comprador de las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés, Parter Capital Group, garantiza el empleo durante dos años pero tratará de aligerar la plantilla actual (375 trabajadores en A Grela y 313 en Asturias) con bajas voluntarias, para lo que ofrece una compensación de un año de salario. Así figura en el plan de negocio del fondo suizo y así lo expuso el comité de empresa en la asamblea de trabajadores celebrada ayer en A Grela, en la que los sindicatos no avanzaron si hoy ratificarán el acuerdo de venta como exige Alcoa, pero sí dejaron claro que prefieren pasar a manos del grupo helvético que sufrir el despido colectivo. El plazo para que una de esas dos circunstancias se produzca termina el domingo.

En la asamblea, el comité coruñés aludió a discrepancias sobre las cláusulas como motivo por el que se ha negado hasta el momento a ratificar la venta, una formalidad que por otra parte considera un "chantaje" de Alcoa. Los trabajadores rechazan avalar datos técnicos y financieros de una operación de compraventa en la que no tienen responsabilidad legal. "Hay que limar ese documento que quiere que se firme Alcoa", concluye Julio Moskowich, delegado de la CIG, quien considera que la plantilla no tiene "más opción que aceptar el proyecto de Parter".

Aunque algún trabajador pidió votar sobre el sí a Parter, el comité rechazó esta posibilidad. También en Asturias quedó descartada, aunque inicialmente la asamblea planteaba este escenario. El comité de Avilés opta por no pronunciarse sobre la operación y espera que Alcoa mueva ficha en la reunión fijada para las cuatro de esta tarde en Madrid. La multinacional espera que sea la última y urge a ratificar el texto "cuanto antes" para cerrar el proceso a día 30. Aunque el ERE (expediente de regulación de empleo) firmado en enero no otorgaba ningún papel a la representación de los trabajadores en la decisión de vender, Alcoa ha marcado como requisito para hacer firme el preacuerdo con Parter que la plantilla dé su visto bueno por escrito.

Una vez que la venta sea firme, Parter garantiza el empleo (ahora casi 700 puestos) durante 24 meses y promete que pasados esos dos años mantendrá a medio millar de trabajadores (250 en cada planta) vinculados a las fundiciones. Serán más si logra reactivar la producción de aluminio primario (electrólisis), para lo que pide al Gobierno que abarate el precio de la luz industrial.

Parter orienta su proyecto a la refusión de aluminio de alto valor añadido destinado a automoción y aeronáutica. Los trabajadores de las electrólisis recibirán formación para trabajar en la fundición, pero también pueden optar por marcharse. "Se habló de dar una salida más allá del 1 de julio a aquellos trabajadores que no quieran continuar en la planta", explicó el comité esta semana. Alcoa se negó a sufragar las indemnizaciones (el ERE establece que si hay venta la multinacional no paga despidos). El proyecto de Parter sí ofrece un programa de bajas voluntarias para reducir una plantilla que excede la carga de trabajo inmediata.

La oferta está disponible para todos los trabajadores excepto los de las funciones (donde se concentra la tarea inicial), que tendrán seis meses desde la venta para decidir su marcha. La oferta económica es de 12 meses de salario (del año 2018), al margen de la antigüedad. Esta compensación es más baja que la pactada en el ERE con Alcoa: 60 días de salario por año de servicio sin límite de anualidades más una aportación de 10.000 euros brutos. Un trabajador de 20 años de antigüedad que cobrase 2.000 euros, por ejemplo, se embolsaría 90.000 euros de ser despedido por Alcoa, frente a 24.000 con la actual oferta de Parter.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer la actuación de la Xunta con los trabajadores frente a un Gobierno central que les "mintió". Feijóo el "apoyo absoluto de la Xunta a los trabajadores", un respaldo con el que contarán "ocurra lo que ocurra", respalden o no la venta a Parter. Respondió así a las críticas del comité sobre "la espantada de las administraciones".