El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, y el portavoz de esta central en el comité de empresa de las fábricas de Cee-Dumbría, Alfonso Mouzo, exigieron ayer a la Xunta que "actúe" para evitar "la especulación" con la venta de la sociedad Ferroatlántica SAU „que incluye las fábricas y las centrales hidroeléctricas en los ríos Xallas y Grande„ al fondo TPG, tras cuestionar la legalidad de la operación. Lo hicieron en la presentación de un informe encargado por la central sindical al profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC), Carlos Aymerich, que, entre otras cuestiones, concluye que, al amparo de la legislación vigente, la venta "debe ser autorizada previa y expresamente por Augas de Galicia".
En rueda de prensa, Aymerich ha recordado que la venta "se hace por transferencia de acciones", motivo que, según ha explicado, alega la empresa para sostener que "basta con una comunicación" a la Administración gallega. Sin embargo, frente al argumento de la empresa de que no hay cambio de titular de la concesión, el profesor de la UDC ha defendido que "sí hay una modificación porque los titulares últimos de las acciones sí que cambian por lo que sería necesaria la autorización previa".
La CIG habla directamente de "venta ilegal" y pide a la Xunta que impida el cierre de esta operación para frenar "un nuevo intento de especular con las centrales hidroeléctricas".
El informe jurídico realizado por el profesor Aymerich se remite entre otros, al artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y al 103 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RPDH), así como a informes del Consejo de Estado y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2008, para incidir en la necesidad de esta autorización previa de la venta.
"Si la concesionaria se limita a presentar ante la Administración una mera comunicación, ésta deberá calificarla como solicitud de autorización y resolver el procedimiento correspondiente", expuso Aymerich en línea con la exigencia hecha por los representantes de la CIG.
Extinción de la concesión
Por otra parte, el informe sostiene que si la venta se hiciese efectiva sin previa autorización, Augas de Galicia debería declarar la extinción de la concesión. Mientras, advierte que la venta podría suponer "un incumplimiento de la cláusula de vinculación societaria".
"En la medida en que la actividad industrial va a seguir siendo gestionada directamente por el Grupo Ferroatlántica", sostiene el profesor Aymerich, que apela a garantizar el "interés público" del mantenimiento del empleo. Por ello, requirió una actuación "activa y diligente" por parte de la Administración gallega, dijo sin descartar que "en la práctica solo se estén transfiriendo las centrales, no las fábricas".
A la vista de estas conclusiones, el secretario xeral de la CIG exigió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al conselleiro de Industria, Francisco Conde, que "actúen de inmediato" para evitar una posible "operación fraudulenta". "No estamos ante una operación limpia, sino ilegal", insistió.
Por su parte, Alfonso Mouzo consideró que, con esta operación, "la empresa vuelve a las andadas, con subterfugios legales", añadió en alusión a los intentos de segregación de la actividad. "Exigimos a la Xunta que actúe igual que hizo hace dos años y diga si la operación o no está bien hecha", algo que puso en duda.
