La central obrera CCOO solicitó ayer el archivo inmediato por el juez de la investigación abierta contra cuatro sindicalistas por los incidentes registrados el 28 de marzo durante una manifestación contra los cierres de Alcoa en A Coruña y Avilés, que se celebró en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, mostró el apoyo de la organización a las personas investigadas judicialmente, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario general de Industria, Agustín Martín, y algunos de los afectados, como el secretario de la Federación de Industria del sindicato en Galicia, Víctor Ledo, y el presidente del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos Corbacho.

Sordo también mostró su solidaridad con los diputados del grupo parlamentario de Unidos Podemos Yolanda Díaz, Ángela Rodríguez, Antón Gómez Reino y Rafael Mayoral, que ese día se unieron a la protesta y que también aparecen en el atestado policial. La Policía identificó a los cuatro parlamentarios durante las protestas, en las que fue detenido un sindicalista, y según el atestado policial, los diputados arengaron a los concentrados para que saltaran el vallado policial.

Declara Corbacho

Martín señaló que hoy acompañarán al presidente del comité de empresa de la factoría coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, que declara en A Coruña dentro de la investigación judicial.

Para Sordo se trató de una manifestación "perfectamente convocada" y de una "expresión democrática de un derecho reconocido". A su juicio, el comportamiento de los participantes en la protesta fue "impecable y cívico" y solo se produjeron la tensiones propias de estos actos, pero no hubo un ejercicio de violencia por parte de los manifestantes.

Martín denunció los "fallos" que hubo en el dispositivo policial ese día y afirmó que no hubo violencia por parte de los manifestantes en todo caso "ineptitud" por parte de los que organizaron el dispositivo que se ha tratado de cubrir de forma "malitencionada" con un atestado, que no tiene que ver con la realidad.

Tanto Unai Sordo como Agustín Martín exigieron modificaciones legales y que se derogue la denominada ley mordaza y el artículo 315.3 del Código Penal, que han servido para imputar a "cientos de sindicalistas en España".