02 de octubre de 2019
02.10.2019
La Opinión de A Coruña

La AIReF pide cambiar el cálculo de la pensión y vetar el retiro anticipado

El presidente del organismo sostiene que con una jubilación efectiva a los 67 años quedaría resuelto gran parte del déficit del sistema

01.10.2019 | 22:35
José Luis Escrivá.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada de velar por la estabilidad de las finanzas públicas, aboga por profundizar en la reforma de las pensiones que se aprobó en 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y por desechar, al menos parcialmente, la que en 2013 firmó el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP). José Luis Escrivá, presidente del citado organismo, propuso ayer llevar la edad efectiva de jubilación a los 67 años, calcular la cuantía de la pensión inicial considerando toda la vida laboral y descargar a la Seguridad Social de gastos ajenos al pago de las prestaciones que tiene verdaderamente carácter contributivo (vinculadas a las cotizaciones previas del beneficiario).

Durante un acto en Madrid, Escrivá sostuvo que el déficit de las pensiones (unos 18.000 millones al año) es "manejable", aunque considera precisos cambios de alcance en los parámetros sistema y en la estructura de gastos de la Seguridad Social para apuntalar el sistema público.

Edad. La reforma de 2011 estableció que la edad legal de jubilación subirá de forma gradual desde los 65 años y hasta alcanzar los 67 en 2027, salvo para los trabajadores con las carreras cotización más largas. Así, en 2019, la edad legal es de 65 años y ocho meses, a no ser que se hayan cotizado al menos 36 años y nueve meses. Una cosa es la edad legal y otra, la efectiva. A pesar esos cambios legales, en España la edad media del retiro es ligeramente superior a los 64 años, por el impacto de las jubilaciones anticipadas (voluntarias y forzosas). "Si la edad efectiva se lleva a los 67 años, más de la mitad del problema de gasto estaría resuelta", dijo José Luis Escrivá. Para obtener un resultado así sería imprescindible restringir más los retiros antes de la edad legal, ya endurecidos en las últimas reformas.

Cómputo. Los cambios aprobados en 2011, que comenzaron a aplicarse en 2013, conllevaron una extensión también gradual de los años de vida laboral que computan para calcular la pensión. Hasta 2013, eran 15 años; ahora son 22 y en 2022 se alcanzarán los 25. Escrivá defendió "continuar avanzando" en la ampliación del período de cómputo hasta alcanzar toda la vida laboral. Un cambio así mermaría las pensiones iniciales de muchos jubilados, en la medida en que en los primeros años de trabajo se suelen tener salarios más bajos y por tanto menores bases de cotización. En sentido contrario, podría favorecer a quienes queden en paro en los años más cercanos a la jubilación.

Revalorización. El presidente de la AIReF calificó como "impracticable" y con "poco recorrido" el mecanismo de revalorización de las pensiones que el PP aprobó en 2013 para vincular las subidas de las nóminas a la situación financiera de la Seguridad Social. Tal sistema, que entre 2014 y 2017 hizo que las prestaciones no subieran más que el 0,25% anual, conduciría a pérdidas de poder adquisitivo de hasta el 30% si se mantuviera. Desde 2018, esa fórmula de revalorización está aparcada, aunque legalmente sigue en vigor.

Gastos. Escrivá defendió que una parte del déficit quedaría reparada dejando de pagar con cargo a las cotizaciones sociales gastos que a su juicio deberían ir por cuenta de los Presupuestos Generales, como las bonificaciones a la contratación o los costes administrativos. Llegó a decir que si el sistema se limitara a pagar las pensiones estrictamente contributivas, los números rojos se convertirían en superávit. Ello implicaría que las pensiones de viudedad y orfandad se dejaran de pagar con cotizaciones y financiarlas con los impuestos generales.

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