A menos de veinte días para la celebración de las elecciones ganerales, la Xunta de Galicia anunció ayer las propuestas que trasladará al Gobierno español para que "reaccione" ante "su falta de concreción y respuesta" en la elaboración del estatuto del consumidor electrointensivo.
La aprobación de este reglamento para rebajar el precio de la electricidad a la industria de gran consumo es competencia del Ejecutivo central, que prometió sacarlo adelante antes de los comicios generales del pasado 28 de abril. Tanto los trabajadores de Alu Ibérica Coruña „antigua Alcoa„ como su propietario desde agosto „Parter Capital„ consideran que la reactivación de las series de electrolisis para el aluminio primario depende de la aprobación del estatuto electrointensivo. Hoy está fijada una reunión entre el comité de empresa de la compañía aluminera y el fondo suizo después de que los trabajadores coruñeses mostrasen su "inquietud" por la falta de información sobre el plan industrial del comprador.
La continuidad de Alcoa en San Cibrao y el futuro de la industria electrointensiva gallega, de la que dependen 5.000 empleos, según la Administración autonómica, están vinculados a una rebaja en el precio de la luz. En este sentido, la propuesta realizada ayer por la Xunta de Galicia pasa por rebajas fiscales y una categorización de "hiperintensivas" para compañías como Alcoa con el objetivo de conseguir un precio de electricidad que sea "competitivo" para las empresas. Estas medidas van en la línea con las alegaciones presentadas el pasado mes de marzo por el Ejecutivo gallego al Gobierno central sobre el borrador del estatuto, tras ser consensuadas con las empresas electrointensivas.
El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, explicó ayer que el Ejecutivo autonómico "toma la iniciativa" para buscar una "reacción" del Gobierno central. "Llevamos una año esperando por este estatuto de consumidores electrointensivos", criticó.
Entre las rebajas fiscales se encuentra la supresión del impuesto de generación eléctrica y del céntimo verde y una reducción de cargos de peaje de transporte. El Ejecutivo gallego también pedirá una ampliación de ayudas a la compensación por los costes de emisión de CO2, toda vez que el Gobierno central "habló de una posible ampliación, pero no se llegó a concretar".
La intención es que el precio de la luz se sitúe en los parámetros previos a 2018. En concreto, la Xunta alude a la necesidad de situarse en el entorno de entre 35-40 euros el megavatio por hora, pues ahora ronda los 50 euros.
"La Xunta va a trasladar estas medidas a los diferentes grupos políticos para que haya un frente común ante el Gobierno y se produzca esta reacción: estamos ante una decisión desde el punto de vista político, industrial y el empleo", aseguró el conselleiro, quien lamentó que "llevamos un año esperando por el estatuto del consumidor electrointensivo".
Conde entiende que esta batería de medidas "son la vía para poder mantener el empleo y poder dar respuesta a las empresas y, sobre todo, a los trabajadores", ya que en estos momentos "están esperando una reacción por parte del Gobierno central".
